Aprobada la Ley de transporte público por vía urgente, que Hernández justifica por dar "estabilidad" al sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los votos del PPdeG, con la abstención del PSdeG y el voto en contra del BNG, dieron luz verde hoy a la Ley de medidas urgentes para la modernización del sector del transporte público de Galicia por trámite de urgencia, una vía que el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, justificó por la necesidad de dar "estabilidad" a un sector que emplea a más de 5.000 personas.

Sin embargo, los grupos de la oposición censuraron que se utilice la lectura única del proyecto y lo achacaron a que el Gobierno gallego no había hecho los "deberes" antes de que entrase en vigor la directiva de servicios de la Unión Europea (el 3 de diciembre). Así, para la diputada nacionalista Teresa Táboas, no hay urgencia, sino "improvisación, dejadez e irresponsabilidad", además de "incompetencia"; mientras que, en palabras del socialista Pablo López Vidal, la normativa es una "chapuza jurídica".

Antes del debate de la normativa, los grupos discutieron sobre la idoneidad de que fuese en el mismo pleno la consideración de la urgencia y la aprobación de la propia normativa, algo que la oposición censuró, mientras que el PPdeG y la propia presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, defendieron y argumentaron que así fue acordado en la Xunta de Portavoces, donde se organiza el pleno.

En cuanto a la normativa, Agustín Hernández subrayó que esta ley aportará "estabilidad y mejoras sociales" al sector económico y explicó que, con esta normativa, se cumple el doble objetivo de "mejorar la competitividad de las empresas y ofrecer servicios más eficientes" a los usuarios.

Asimismo, afirmó que el proyecto fue expuesto y debatido con el sector empresarial y se alcanzó un compromiso con el que se garantiza la rebaja de la facturación de los servicios del transporte escolar hasta un 7 por ciento, lo que "no comprometerá las condiciones" bajo las que se prestan los servicios.

Al respecto de este punto, el diputado socialista se preguntó "cuáles son la contrapartidas" de esa rebaja y cuestionó si todas las empresas van a cobrar igual, de forma lineal o hay "una injusticia".

Sin embargo, Agustín Hernández abundó en que la actual situación económica obliga a los gobiernos a conjugar una "optimización" de los servicios y medios públicos y concretó, al respecto de los servicios escolares, que la educación supone un coste para las arcas públicas superior al sufragado por cualquier otra comunidad, por lo que la ordenación de este sector permitirá "optimizar" los recursos.

"HIPOTECA" DE 10 AÑOS

Por otro lado, el conselleiro indicó que los contratos del transporte escolar prescriben en el año 2010, por lo que este hecho produce una "incertidumbre y situación precaria". En este sentido, la normativa propone una prórroga de diez años para los títulos concesionales, lo que el BNG ve una "hipoteca" para los gallegos que censuró.

No obstante, el conselleiro destacó que esta ampliación del plazo concesional se realizará como contraprestación de la puesta en marcha de un plan de modernización, con el que se pretende incrementar la calidad de los servicios ofertados. De esta forma, el sector bonificará en un 7 por ciento la facturación.

A mayores, explicó que, una de las novedades, será la puesta en marcha del plan de modernización para disponer de un sistema de ayuda a la explotación (SAE), que permitirá a los usuarios conocer la marcha de los autobuses en tiempo real.

Asimismo, y ante la paulatina y constante pérdida de usuarios en toda Galicia, es "deseable y racional" elaborar una ley de transportes, algo que se comprometió a plasmar en una normativa durante esta legislatura.

En definitiva --resumió el conselleiro--, se trata de "mejorar que las empresas sean más competitivas" y defendió que esta ley "está pensada para los usuarios" por la consecución de un sistema "eficaz y eficiente" en un "marco estable imprescindible".

ADOLECE DE LEGALIDAD

Sin embargo, la diputada nacionalista Teresa Táboas advirtió de que esta normativa "adolece de una correcta tramitación", al "carecer de una memoria económica que merezca tal nombre", así como "faltan consultas obligatorias" --como a la Consellería de Educación-- y no cuenta con "el dictamen del CES". "La ley está llena de inseguridades jurídicas", constató.

Además, mientras Táboas aseguró que se trata de un "engaño a los empresarios", López Vidal destacó que los socialistas "dejaron un borrador" de ley que "en ocho meses el Gobierno" no acabó, y lo contrapuso con acciones llevadas a cabo por el bipartito como la implementación de servicios del tipo Noitebús o Tes+Bus.

Por su parte, el diputado 'popular' Alejandro Gómez Alonso censuró que el ejecutivo de socialistas y nacionalistas "no fue capaz" de, en cuatro años, elaborar una normativa y se preguntó por el "modelo" de ambos grupos de la oposición.

DATOS DEL SECTOR

Actualmente, existen unas 2.300 líneas de transporte interurbano, que pertenecen a 147 concesiones que son gestionadas por más de un centenar de empresas. Este sistema está utilizado por cercad de 25 millones de usuarios anuales y el sector aglutina a más de 5.000 trabajadores en la Comunidad gallega.

Además, existen más de 5.000 líneas de transporte escolar, recorridas por 2.4000 autobuses, con cerca de 35 millones de usuarios y un coste de 122 millones de euros.