Critica que el Estado haya desaprovechado la oportunidad para acabar con los escándalos del sector financiero
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La CIG ha criticado que el Gobierno desaproveche la oportunidad de acabar con los escándalos en el sector financiero con la trasposición de la directiva europea MIFIC a la legislación española, tras los sucesivos escándalos comerciales protagonizados por la banca, y ante un nuevo modelo bancario más especulativo, que bebe del modelo de banca de inversión y pretende transformar a ahorradores en inversores.
El sindicato ha explicado que el pasado 28 de septiembre, el Gobierno del Estado aprobó el Real Decreto-Lei 14/2018, por el que se realizaba la transposición de la MIFIC --Directiva UE 65/2014--. Al respecto, ha indicado que, en el año 2016, ya advertían de que el mantenimiento de un tipo de interés artificialmente bajo llevaba a un estrechamiento de los márgenes financieros.
De este modo, según ha asegurado la organización sindical, los bancos estaban llevando adelante "agresivas" políticas comerciales para derivar los ahorros de la clientela hacia productos financieros de inversión que derivarían en pérdidas para los ahorradores, garantizándose los bancos el cobro de comisiones.
"Hoy el tiempo nos dio la razón", según ha afirmado la secretaria nacional de CIG-Banca, Sefi Romero, ya que "la mayor parte de los fondos de inversión acumulan rentabilidades negativas --perdiendo la clientela minorista parte de sus ahorros--". Además, ha incidido en que la contratación de este tipo de productos, de las propias entidades, no responde a una demanda de la clientela, sino a una oferta agresiva por parte de la banca.
Asimismo, Romero ha explicado que también se advertía que la falta de adaptación de la directiva por el Gobierno del PP, lo que creaba un marco de inseguridad para la clientela que facilitaba este tipo de políticas comerciales, por lo que hubo que esperar a que la Comisión Europea interpusiese una demanda contra el Reino de España en el Tribunal de Justicia de la UE, por no haber realizado la obligatoria trasposición de esta norma, para que el nuevo Gobierno decidiese aprobarla a través de un Real Decreto.
QUÉ ES LA MIFID
En concreto, la CIG ha explicado que la MIFID es "una pieza más en la transformación del sector financiero, impulsada por Europa, hacia un sector financiero centrado en la especulación y no en dar servicio, y que deja al margen a la economía real y productiva".
Europa, "dominada por personas procedentes de la Banca de Inversión", según ha denunciado la organización sindical, "está forzando una reconversión bancaria hacia este modelo, al tiempo que busca la creación de fondos de inversión europeos, frente a la cada vez mayor presencia de fondos americanos y de otros países en la economía europea".
Así, ha denunciado que "este nuevo modelo hace necesario impulsar una normativa que proteja a los clientes y a los cuadros de personal frente a las agresivas políticas comerciales, y este Real Decreto es una oportunidad perdida".
POLÍTICAS COMERCIALES, "EL ORIGEN DE LOS ESCÁNDALOS"
Por otra parte, el exsecretario nacional de CIG-Banca Clodomiro Montero, ha denunciado también que, "mientras en determinados sectores, como en las eléctricas, se debate la posible prohibición de las agresivas políticas comerciales puerta a puerta", la trasposición de la MIFID "no aporta nada nuevo para poner coto a las políticas que están en el origen de todos y cada uno de los escándalos vividos en estos años".
La Directiva Comunitaria prohíbe que se establezcan objetivos de ventas que puedan ser un incentivo para colocar un determinado producto, "algo que la banca incumple todos los días", según ha asegurado Montero, y ha añadido que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "no está ni se le espera".
"El Gobierno hizo un corta y pega de este artículo sin desarrollarlo, sin medidas que avancen en la prohibición del modelo de trabajo por objetivos en la banca y, sin esta medidas, la MIFID carece de valor y credibilidad a la hora de defender a la clientela y a los propios cuadros de personal", ha especificado.
En este sentido, ha señalado que "sí aborda los modelos retributivos variables asociados a las ventas de productos, pero de un modo menos riguroso que el propio reglamento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) que, en algunos casos, permitiría prohibirlos". En concreto, la CIG ha demandado la "prohibición" de las retribuciones asociadas a la colocación de productos financieros que los clientes no demandan.
En la misma línea, Montero ha apuntado que la definición de "asesoramiento independiente" prevista en el Real Decreto "beneficia claramente a las entidades de crédito, pese a que el personal de las redes comerciales que trabaja por cuenta ajena es dependiente jerárquicamente de las entidades, y coloca productos siguiendo instrucciones de la propia empresa".
PRODUCTOS COMPLEJOS, NO COMPLEJOS Y 'SELF-PLACEMENT'
El Real Decreto establece, además, un decálogo de los productos complejos y no complejos. En contra de lo afirmado por el Ejecutivo, la normativa considera, con carácter general, no complejos los depósitos estructurados, tal y como ha advertido Montero, excepto en casos concretos.
"Esto cuando ya la propia regulación actual numérica de niveles de riesgo realizada por la CNMV y que no se revisó en el Real Decreto, parece inadecuada, como se demuestra día a día", ha asegurado, y ha añadido que "considera las acciones como productos no complejos, como hasta el momento, pero no regula el 'self-placement', que está en el origen de escándalos como el de las preferentes y subordinadas, la salida a bolsa de Bankia o la ampliación de capital del Banco Popular".
Ya en el año 2014 la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la ESMA emitieron un informe en el que mostraban su preocupación por el 'self-placement', es decir, cuando las entidades financieras, ante los nuevos requisitos de solvencia, tienen que ampliar capital y utilizan sus propias redes comerciales para colocar eses productos, ha apuntado Montero.
Así, se ha referido al último caso, el de la ampliación de capital del Banco Popular, pero anteriormente en el Estado español también se vivieron los casos de las preferentes y las subordinadas --colocadas en tramo minorista en la red comercial y que computaban como capital--, así como la ampliación de capital de Bankia --colocada a través de la red comercial--, o las cuotas participativas de la CAM --colocadas a través de la red comercial con el asesoramiento de Luis de Guindos--.
Por todo ello, la CIG ha solicitado la inclusión en la trasposición de un apartado específico que prohibiese, o al menos, regulase con mayor rigor, la comercialización de productos propios de capital, a través de las redes comerciales propias, dado el conflicto de intereses y los precedentes de los bancos españoles. "El Gobierno ignoró esta posibilidad, pese a las alertas europeas", ha aseverado.
IMPACTO LABORAL
Por último, por lo que respecta a la perspectiva laboral, el Gobierno ha validado las actuaciones realizadas hasta el momento por la CNMV en conivencia con la banca, según ha apuntado la organización sindical.
"No ataja el modelo de organización de trabajo por objetivos que padece el personal del sector, que lo lleva a colocar productos que los clientes no demandan, siguiendo instrucciones y las presiones desmedidas por parte de las estructuras comerciales todo poderosas en los bancos", ha advertido la secretaria nacional del sector financiero de la CIG, Rosa Conde.
Al respecto, ha indicado que será este organismo quién decida las formaciones exigibles al personal del sector, cuando ha aprobado que elijan los propios bancos qué formación consideran válida, dejando fuera a la propia CNMV las formaciones públicas --los grados universitarios, la formación profesional, o las acreditaciones por experiencia--.
