SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Varias personas activistas de Ecoloxistas en Acción fueron citadas esta semana por el Juzgado de instrucción número 2 de A Coruña a raíz de una acción protagonizada frente a la Cámara Oficial Minera de Galicia. Según la entidad ecologista, presentó "una denuncia falsa atribuyéndoles un inexistente delito de coacciones" que habría tenido lugar el 6 de septiembre cuando miembros de la organización llevaron a la sede de la cámara botellas de agua contaminada procedente de las minas de San Finx, en Touro.
Sin embargo, fuentes de la Cámara Minera aseguran que no fue esta entidad, sino las trabajadoras que estaban en ese momento, las que presentaron las denuncias por ver "violada su intimidad al estar grabando un vídeo sin su permiso".
Estas mismas fuentes han indicado que el día de la acción, se avisó a la Policía Nacional, que identificó a las personas que se encontraban en la protesta y que "entraron engañando al personal de ExpoCoruña" para acudir a las oficinas de la cámara, al acceder "mintiendo sobre quiénes eran y sobre qué querían".
Sin embargo, Ecoloxistas en Acción ha defendido que con la entrega de las botellas, las ecologistas salían al paso de las declaraciones públicas de la Cámara Minera en las que afirmaba que "nunca hubo problemas con la calidad de las aguas" en San Finx, a pesar de que las analíticas del pasado mes de agosto realizadas por Augas de Galicia, que depende de la Xunta, revelaron niveles de cadmio, sustancia tóxica y cancerígena, 78 veces por encima del nivel máximo que permite la legislación. De hecho, estas analíticas fueron las que llevaron a Aguas de Galicia a iniciar un proceso sancionador contra la mina.
Ecoloxistas en Acción defiende que la acción "no demoró más de tres minutos" y "fue totalmente pacífica", pese a que la Cámara lo calificó como "asalto violento", incluso asegurando que se forzó a las administrativas a beber agua contaminada.
"CASO MÁS RECIENTE Y DISPARATADO DE UNA CAMPAÑA"
Para la entidad ecologista, esta denuncia es el "caso más reciente y disparatado de una campaña continua y sistemática de acoso judicial por parte del lobby, utilizando acusaciones falsas e infundadas para intimidar y silenciar las organizaciones que vienen denunciando las ilegalidades mineras".
Asimismo, los ecologistas acusan de que esta denuncia "forma parte de una campaña de intimidación por parte del lobby minero con lo que pretende silenciar las protestas utilizando el acoso judicial".
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