Su sucesor encarga dos años después un informe para comprobar si la concesionaria cobró facturas de servicios no prestados
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El gobierno local del PP de Gerardo Conde Roa ya había contratado una auditoría sobre la situación financiera del Ayuntamiento a PricewaterhouseCoopers (PwC) en enero de 2012, en el que se incluía una petición de análisis de la adjudicataria del abastecimiento del agua, pero la empresa sólo entregó la mitad del trabajo y no se le "pagó nada".
El proceso de adjudicación de esta auditoría externa comenzó en octubre de 2011, pero se firmó en enero con un coste de 102.424 euros (IVA incluido) -por debajo del precio que salió a licitación-- y un plazo de ejecución de 14 meses.
Sin embargo, según las fuentes municipales consultadas por Europa Press, de ese informe sólo se llegó a entregar una parte, en la que no se incluía, precisamente, el análisis relativo a las empresas concesionarias, entre ellas Aquagest, que ahora está en el punto de mira por la investigación de la jueza Pilar de Lara denominada 'Operación Pokémon'.
Concretamente, no se le abonó ninguna de las facturas correspondientes a la auditoría financiera que, a su vez, se divide en dos partes, la vinculada al Ayuntamiento --presentada públicamente en rueda de prensa por la concejala María Pardo en enero de 2013--, y la que tiene que ver con los entes concesionarios de servicios municipales, que fue la que nunca llegó.
De lo que sí se efectuó el pago, indicaron estas mismas fuentes a Europa Press, fue de la parte del informe de modernización de procesos y procedimientos, también encargada a esa empresa.
TAMPOCO SE RECLAMÓ
En cuanto a por qué no se concluyó el proceso y por qué no se le reclamó esta auditoría a la empresa, han señalado que este tipo de incumplimientos es algo que ocurre en muchas ocasiones y han reivindicado que, de ahí, que "no se pagase".
La parte del informe encargado por el gobierno local que no fue elaborada es, precisamente, la referida a las empresas concesionarias y servicios que se prestan a través de gestión indirecta, según consta en la documentación de la contratación.
Se trata, pues, del abastecimiento de agua potable y saneamiento, de Aquagest; de la ORA y la grúa, de Setex Aparki; de la gestión del mercado de ganado, de Monfobus; de la explotación del tanatorio municipal, que lleva Tanatorio San Lázaro; la gestión del mercado de abastos, Mercado de Abastos de Santiago; y la licitación para captar capital privado y poder crear una sociedad mixta deportiva, Xade.
DOS AÑOS DESPUÉS
La auditoría sobre estas empresas concesionarias se realizó "atendiendo al informe de la intervención" del Ayuntamiento, puesto que, entonces, ocupaba la interventora que, apenas unos meses después, fue apartada por el gobierno municipal popular, como también lo fue el secretario Javier Castiñeira, personado en la Operación Pokémon.
Dos años después de que Conde Roa (que dimitió como alcalde por su implicación en un delito de fraude fiscal y que también está imputado en la Operación Pokémon) hubiese sacado a concurso esta audidoría, el equipo de su sucesor, Ángel Currás, vuelve a encargar un informe sobre Aquagest para averiguar si cobró facturas de servicios no prestados.
Las concejalas María Pardo y Cecilia Sierra explicaron en días pasados que el encargo de este trabajo tiene el fin de aclarar "el intento de cobro de facturas por 400.000 euros por la empresa concesionaria del servicio de aguas por servicios no prestados, relacionadas con el gasto de electricidad de cuatro depuradoras que no estaban en funcionamiento".
