OURENSE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La fiscalía mantiene las acusaciones a los acusados en el conocido como 'caso del 10%', por el que se juzga desde el pasado lunes en Audiencia Provincial de Ourense al que fuera alcalde de la ciudad Manuel Cabezas y al exedil de urbanismo Ricardo Campo Labrador por supuestamente eximir a 15 promotores, entre 1997 y 2002, de la
cesión del 10% del suelo de sus proyectos al Ayuntamiento.
Los acusados han sostenido durante todo el juicio haber actuado en base a los informes favorables presentados por los técnicos con propuestas de aprobación. Para la fiscal los acusados "sabían que no cumplían la ley, son excusas de mal pagador".
Con estas palabras ha concluido este jueves la representante del Ministerio fiscal en la última sesión del juicio, en la que ha elevado a a definitivas las solicitudes de condena: 7 años de prisión y 17 de inhabilitación para cada uno de los acusados, además del pago individual de 1.58 millones de euros para Cabezas y 1.17 millones de euros para Campo Labrador.
"Ha habido un delito continuado de prevaricación en concurso y un delito continuado de malversación, ambos por omisión", ha sostenido.
A pesar de que los acusados se apoyan en un acuerdo plenario de diciembre 1994 --donde por 26 votos a 27 de la corporación aprobaron permitir que los promotores se queda hacen con el 100% de los aprovechamientos de las obras-- la fiscal ha sido tajante, "el acuerdo no se podía aplicar porque quedó sin efecto tras la entrada en vigor de la Ley de Suelo de 1997".
Así, ha explicado que la norma autonómica fijaba una cesión del 15% y la Ley estatal, un año más tarde, estableció el 10%. "Pretender decir que no conocen que no se estaba aplicando la ley no tiene ningún sustento probatorio, son excusas de mal pagador", ha dicho.
Además, en sus conclusiones, ha recordado que en los informes técnicos se advertía, aunque estuviesen propuestos para aprobación, "del incumplimiento de la ley".
El exalcalde de Ourense Manuel Cabezas defendió durante su alegato que en todo momento delegó en los órganos colegiados. Sin embargo, para la representante del Ministerio Fiscal "era el máximo responsable de la Corporación y tenía el control de todos los actos delegados como
presidente de la Corporación y de las comisiones".
También ha incidido en el delito de malversación sosteniendo que no es necesario que ellos se hayan enriquecido, sino que basta con que lo haya hecho un tercero y "han sido los 15 promotores los que se apropiaron del 100%".
FIGURA DECORATIVA
La abogada que representa a la denunciante, la ex concejala de urbanismo, Aurea Soto, como acusación popular, ha sostenido las mismas conclusiones que el Ministerio Fiscal añadiendo que la cesión "no era un capricho porque la ley no era interpretable". "Se ha quebrado el
principio de legalidad y jerarquía normativa" con ciudadanos que "no pudieron tener acceso a una vivienda de promoción pública", ha dicho.
De este modo, ha remarcado que un gobierno municipal "no es una figura decorativa" sino que tiene "capacidad decisoria". Y ha señalado que "la responsabilidad" no puede caer "en una persona fallecida" --en referencia al secretario del Ayuntamiento que elaboró dos de los informes y a quien, tanto técnicos que han asistido como testigos como los propios acusados, han señalado como "una persona muy versada en temas de urbanismo"--.
"MERECE CARGAR CON LAS CONSECUENCIAS"
En cuanto a las defensas- que solicitan la libre absolución de sus acusados-, el abogado que defiende a Manuel Cabezas ha subrayado que su cliente "ha soportado siete años de calvario judicial por unos hechos de hace más de un cuarto de siglo".
"Por mucho que duela y las palabras den urticaria a las acusaciones, los informes eran favorables", ha reiterado el letrado manifestando además que "todos los testigos han dicho en todo momento que se imponía el criterio del secretario, nadie ha dicho que se impusiera el
criterio del alcalde".
Asimismo, ha reiterado que el acuerdo de 1994 "no era nulo" y ha considerado "obsceno" que Aurea Soto "acuse de algo que ella no hizo, reclamar el 10%". Por todo ello, ha asegurado que pedirá el pago de las costas. "Merece no solo perder el juicio, sino cargar con todas las
consecuencias económicas, pagar por lo que ha hecho", ha sentenciado.
Por su parte, el abogado del exedil de urbanismo ha recordado que el concejal era un "recadero llevando a la Comisión informes que ya tenían propuesta de aprobación".
ÚLTIMA PALABRA
"Me apetece hablar de sentimientos pero no lo voy a hacer aquí, lo dejaré para mí entorno familiar", ha dicho durante el derecho a la última palabra el exalcalde quien, con todo, ha querido notificar que sus padres "vieron nacer el caso pero no verán como termina".
Mientras, el exconcejal de urbanismo se ha reiterado en lo que había dicho durante su alegato. "Hoy haría exactamente lo mismo con la salvedad de que no llegaría a juicio", ha relatado asegurando que "es una aberración" estar sentados en la Audiencia Provincial
"después de tantos años". "Yo era un político, no un jurídico, me limitaba a hacer lo que decía el informe. Nunca he llevado nada a la comisión que no fuese favorable", ha incidido Campo Labrador.
