MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exmiembro del Consejo de Administración en Novacaixagalicia José Luis Veiga ha declarado en la Audiencia Nacional que se enteró de las prejubilaciones millonarias que percibieron los exdirectivos de la entidad cuando dejaron la entidad y la noticia apareció en los medios de comunicación, informaron fuentes personadas en la causa.
Veiga, que formaba parte de la entidad en representación del Ayuntamiento de Pontevedra, ha explicado que los directivos de la entidad les pusieron trabas para enseñarles los contratos en los que se aprobaban las percepciones indebidas, por las que el juez Ismael Moreno les reclama más de 10 millones de euros en concepto de fianza por responsabilidad civil.
El martes el antiguo representante de CC.OO. en el consejo, José Luis Regueiro, afirmó que él fue el único que votó en contra de las prejubilaciones millonarias cuando la decisión se votó el 1 de diciembre de 2010. Lo hizo porque desconocía la documentación e incluso la cuantía de dichas compensaciones, que no se desveló hasta casi un año más tarde.
Más adelante, en agosto de 2011, además de Regueiro otros dos consejeros votaron en contra de las cantidades que hubo que aprovisionar para pagar las compensaciones. Se trata de José Luis Veiga, que ha declarado como testigo, y Miguel Argones, de Csica, que comparecerá el día 15.
CANTIDADES RECLAMADAS
La Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos imputados la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. Al exdirector general adjunto, Javier García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 --momento en que se podría jubilar--, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.
Al exdirector general de la caja única, José Luis Pego, se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.
Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas y 260.940 euros a uno de los responsables de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada.
En las peticiones de devolución no aparece el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.
En su querella, Anticorrupción apuntó que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB.
Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.
