VIGO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para un policía local de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), acusado de cohecho, por cobrar supuestamente 2.000 euros a un conductor a cambio de no tramitar una multa por una infracción contra la seguridad vial. El acusado, M.A.A., será juzgado por un tribunal de jurado en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, entre el martes y el jueves de esta semana.
Según el escrito de acusación pública, en la madrugada del 12 de septiembre de 2013, este acusado acudió a la calle Colón de Vilagarcía, junto con su compañero de patrulla, tras recibir un aviso de una dotación de la Policía Nacional, por la detección de un conductor que había cometido una infracción y presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol.
La Policía Local corroboró que el conductor había cometido un delito contra la seguridad vial, al dar positivo en el test de alcoholemia (0,83 mg/l en una primera medición, y 0,81 mg/l en una segunda).
Unos días después de esto, el acusado acudió a casa del conductor sancionado y le pidió 5.000 euros para no tramitar su multa, fijando una cita para el 10 de octubre en un aparcamiento de un centro comercial.
Cuando llegó el día del encuentro, el conductor se presentó con 2.000 euros, y explicó al agente que no había podido conseguir más dinero, por lo que M.A.A. le dijo que no había acuerdo y se fue. No obstante, poco después lo llamó por teléfono para aceptar el dinero, que recogió a los pocos días en el domicilio del conductor.
La denuncia por el delito contra la seguridad vial no fue tramitada en ese momento, y hubo que reproducir las diligencias para abrir un procedimiento separado, según la Fiscalía, que también ha puntualizado que, en el momento de los hechos, "no había suficientes garantías en cuanto a la custodia de los atestados en dependencias de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa".
Por estos hechos, el ministerio público acusa a ese policía de un delito de cohecho, y pide para él 4 años y medio de cárcel, y 9 años de inhabilitación de para cargo o empleo público. También reclama el pago de una multa de 8.100 euros.
