Castiñeira dice que tiene "un carácter más social que la anterior", con medidas como la dación en pago y la "copropiedad" con la Xunta
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La mayoría del PP en la Cámara autonómica ha bastado este martes, en la primera jornada de la sesión plenaria, para sacar adelante la Ley de Vivienda pese a la oposición de los grupos que conforman la oposición, que han demandado "equilibrio" en una norma "sesgada" hacia el interés de los promotores inmobiliarias.
Tanto socialistas como nacionalistas llegaron al debate plenario con la práctica totalidad de sus enmiendas vivas --en comisión se aceptaron cuatro al BNG y ocho al PSdeG--, pero no lograron introducirlas en el texto finalmente aprobado por la mayoría popular.
El portavoz del Grupo del PP en materia de Vivienda, Jaime Castiñeira, ha defendido que esta nueva ley tiene "un carácter mucho más social que la anterior", aprobada por el bipartito. Como prueba de ello, ha destacado la inclusión en la ley de medidas relativas a la dación en pago.
Igualmente, ha hecho referencia al nuevo régimen de "copropiedad" con la Xunta, según el cual el comprador de una vivienda de promoción pública adquirirá un mínimo del 60 por ciento del inmueble, a fin de aligerar sus cuotas, y podrá adquirir el resto cuando así lo decida.
No obstante, tanto Luis Toxo (PSOE) como Isabel Sánchez Montenegro (BNG) han criticado la falta de concreción de las medidas de carácter social. "Hay que pasar de la retórica a los hechos", ha reclamado la nacionalista, tildando las referencias en la ley a la dación en pago y a los desahucios de "brindis al sol".
DACIÓN EN PAGO
En cuanto a la dación en pago, la nueva ley incluye una disposición adicional que obliga a la Xunta a tomar medidas para "paliar los obstáculos que dificultan la permanencia o el acceso a una vivienda digna" de aquellas personas que, por "circunstancias sobrevenidas", sufran "extraordinarias dificultades" para hacer frente a sus hipotecas.
Además, existe un artículo que establece que la dación en pago para las viviendas protegidas con la "obligación" impuesta a las entidades de crédito de que deberán "destinarlas exclusivamente a la finalidad y a los destinatarios" correspondientes en base a su calificación.
Por su parte, los socialistas pedían que los deudores hipotecarios sin recursos pudiesen saldar sus deudas a través de la dación en pago y quedarse en la vivienda en régimen de alquiler durante 10 años. Tras este periodo, podrían volver a adquirir el inmueble en caso de poder hacerle frente.
Sin embargo, no fue posible alcanzar un acuerdo con el PP sobre estas medidas, pese a que Castiñeira llegó a asegurar que podría "aceptar casi un 100% de esta enmienda".
El popular, además, ha lanzado críticas a la nacionalista por "no incluir enmiendas" en este sentido pero pedir la dación en pago "en la calle". Este extremo fue negado por Sánchez Montenegro, quien ha recordado que su grupo también pidió en el Congreso la reforma de la legislación hipotecaria.
REDUCCIÓN DEL SUELO PROTEGIDO
Otro aspecto en el que se han centrado los grupos de la oposición ha sido en la "drástica reducción" que experimentan las reservas de suelo para la construcción de viviendas protegidas.
Sin embargo, Jaime Castiñeira ha explicado que las reservas se decidirán en función de las necesidades "reales" de cada ayuntamiento, a fin de evitar "cargas ficticias" para el desarrollo urbanístico. Así, ha sostenido que el número de viviendas protegidas puede llegar a ser "mayor" que el previsto anteriormente si es necesario.
RÉGIMEN SANCIONADOR
Socialistas y nacionalistas también han coincidido en las críticas al régimen sancionador que establece la nueva ley. "No lo compartimos", ha incidido Toxo, mientras que Sánchez Montenegro ha alertado de un posible "aumento" de comportamientos "fraudulentos" a la vista de la reducción de las sanciones.
Enfrente, el diputado popular ha destacado que Galicia sigue estando entre "las tres" comunidades que mayores sanciones prevé en su normativa de vivienda y ha justificado la reducción en la necesidad de adaptarse al "principio constitucional de proporcionalidad".
Haciéndose eco de que "tras cada artículo, hay una persona", la diputada del Bloque ha señalado que "todos" los presentes en el hemiciclo saben "quién está detrás" del que reduce "al 50 por ciento" las sanciones a los promotores que cobran "sobreprecios" en viviendas protegidas, en referencia al diputado del PP Telmo Martín.
NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS
Finalmente, ambos portavoces de la oposición han concluido que esta ley no da respuesta a los problemas de Galicia en materia de vivienda, toda vez que "no apuesta" por la rehabilitación y elimina el Fondo Social de la Vivienda que recogía la anterior normativa.
Además, Montenegro ha echado en falta la "garantía económica de acceso a la vivienda" como "nuevo derecho" que tiene por objeto satisfacer el derecho constitucional de acceso a la vivienda para aquellas personas con más dificultades. Así, pedía ayudas para el alquiler y la conversión de contratos de compraventa en alquiler o copropiedad para evitar desahucios.
Por su parte, Luis Toxo ha lamentado que no se utilice "esta oportunidad" para promover "un cambio en la cultura inmobiliaria" de la sociedad a través de un impulso al alquiler con medidas legislativas. "Es más fácil hacer leyes extemporáneas, como ésta, que gobernar", ha sentenciado.
Finalmente, ha subrayado que "lo malo de encargar leyes a consultoras" en lugar de redactarla los ponentes designados es que se introducen mayores "dificultades" para llegar a acuerdos. Y ha finalizado su intervención citando a Bismarck: "Mejor que los ciudadanos no sepan cómo se hacen las salchichas y algunas leyes".
