PALMA DE MALLORCA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) - -
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Administración de Justicia de CCOO ha presentado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito, servido por personal funcionario de la administración de justicia.
El sindicato en Baleares, informa en un comunicado que la ILP nace con el objetivo de recuperar el consenso en la regulación del Registro Civil que hubo con la aprobación de la Ley 20/2011, que todos los partidos políticos votaron a favor. "El PP incluso llegó a afirmar que no hacía falta reformar el Registro Civil pues funcionaba razonablemente bien", se apunta al respecto.
Así, la asignación del Registro Civil a los Registradores, impuesta por el Gobierno mediante el RDLey 8/2014, aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio de 2014), posteriormente convalidada como Ley 18/2014 (BOE de 17 de octubre de 2014), cuenta con la oposición de todas las fuerzas políticas salvo el PP.
Decenas de ayuntamientos, numerosas Comunidades autónomas, todas las organizaciones sindicales del ámbito de la Administración de Justicia, la Plataforma Justicia para Todos, casi todas las asociaciones judiciales, numerosos colegios de abogados y procuradores, las asociaciones de consumidores y usuarios más importantes, todos los grupos parlamentarios excepto el PP, etc se han pronunciado en contra de la privatización del Registro Civil y la atribución de su llevanza a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, afirma en la nota.
Con todo, se apunta a que el Registro Civil del siglo XX no se puede gestionar como si fuese una empresa privada, que es lo que son los Registros de la Propiedad y Mercantiles. Y es que los Registradores no son funcionarios públicos, la Unión Europea ha determinado mediante sentencia que no tienen este carácter de funcionarios públicos.
Además, el sindicato advierte que se quiere pasar de 8.122 Oficinas de Registro Civil repartidas por toda España entre Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia y Registros Civiles exclusivos, a poco más de 100 oficinas, concentradas en las capitales de provincia.
Por último, se señala a que hay un único Registro Mercantil (servidos cada uno por uno o varios Registradores) en cada capital de las provincias (50) existentes en España. Además existen Registros Mercantiles en las ciudades de Ceuta, Melilla,* Eivissa, Maó, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde y Santiago de Compostela. Existe también un único Registro Mercantil Central. En total salen 61.
"Con un arancel de 100 euros por expediente de nacionalidad y de matrimonio --que será mucho más-- los ingresos serían de 25 millones de euros al año", ha calculado al respecto.
