La Audiencia Provincial juzga desde este lunes una trama de corrupción policial en Calvià
En el banquillo se sientan varios agentes y dos empresarios de ocio nocturno
PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El exjefe de la Policía Local de Calvià José Antonio Navarro ha negado este lunes haber dado instrucciones para favorecer o perjudicar a determinados grupos o empresarios del ocio del municipio y haber formado, junto a otros agentes y dos empresarios, una red para extorsionar y amenazar a locales.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzga desde este lunes a Navarro y a otros tres agentes y dos empresarios acusados de varios delitos de extorsión, amenazas y corrupción, entre otros.
La Fiscalía pide para todos ellos penas de prisión que rozan los 30 años, así como penas de inhabilitación para los funcionarios públicos.
"Todos incumplen y a todos se les denuncia", ha indicado insistiendo en que es una practica habitual que los locales y los establecimientos de ocio se estén constantemente denunciando entre ellos y quejándose de que la competencia recibe trato de favor.
En su declaración como acusado y respondiendo solo a preguntas de su defensa, que ejerce el abogado Jaime Campaner, Navarro ha negado que la Policía Local de Calvià, o de cualquier otro municipio, tenga capacidad para influir en las denuncias que se tramitan. "Una vez el agente entrega el acta, no sabe cómo continua su tramitación ni tiene conocimiento de su estado", ha apuntado.
El exjefe de Policía Local de Calvià se ha referido a un episodio recogido en el escrito de acusación sobre una inspección en un local de Punta Ballena en el que un perro policía encontró droga que, al parecer, habría sido colocada antes por un agente de la Guardia Civil.
Sobre esto, el acusado ha dicho que en aquel momento estaba de vacaciones y que al regresar, el agente encargado del perro le explicó que se había colocado cierta cantidad de droga "para jugar" porque el perro estaba nervioso, pero ha negado que fuera una acción de extorsión.
En otro momento del interrogatorio, Navarro ha reconocido que colaboró "puntualmente" con otro agentes, el exjefe de Policía de Marratxí, Antonio Ledesma, que tenía una asesoría laboral. Navarro ha admitido que compatibilizó su cargo de policía con estas colaboraciones, aunque ha argumentado que se limitaban a redactar contratos de personal o entregar y recoger documentación.
La pieza deriva de la macrocausa de corrupción policial de Palma y la ha asumido el fiscal de Madrid Tomás Herranz, que se encargó de los juicios a Bartolomé Cursach y al juez Manuel Penalva.
La Fiscalía acusa a los policías de extorsionar a locales de Magaluf hostigándolos con inspecciones irregulares para ahuyentar a su clientela y así beneficiar a la competencia. Además, los agentes también habrían obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas.
En esta pieza, el exjefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y el exjefe de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma, se enfrentan cada uno a seis años de prisión por cohecho pasivo. Para el primero, el Ministerio Público pide también 10 años por un delito de omisión de perseguir delitos.
Por su parte, dos agentes de policía se enfrentan a dos años y 11 meses de prisión por extorsión y amenazas. Para los dos empresarios el Fiscal reclama seis años de cárcel por cohecho pasivo.
EL FISCAL LES ACUSA DE HABER COLOCADO DROGA EN UN LOCAL
El escrito de acusación recoge una visita en 2013 por parte de los dos agentes investigados a un local, donde habrían simulado el hallazgo de una cantidad de droga que ellos mismos habrían colocado anteriormente para, en palabras del Ministerio Público, demostrar "el poder que tenían para perjudicarles".
El fiscal reseña que la droga no fue recogida por los policías ni la mencionaron en la diligencia policial levantada al efecto. Supuestamente también exhibieron a los encargados del local un envoltorio de cocaína del tamaño de una caja de cerillas, diciendo que la habían encontrado en el establecimiento, pero tampoco la mencionaban en el atestado.
Además, durante los 40 minutos que duró la intervención no permitieron a los clientes ni a los trabajadores abandonar el lugar. Finalmente, de la actuación no se derivó ninguna sanción para el local.
En el escrito de acusación la Fiscalía también relata que cuando este hecho fue denunciado, el jefe de Policía, que era entonces José Antonio Navarro, no solo no investigó los hechos sino que amenazó con querellarse si lo difundían en los medios de comunicación.
TRABAJO COMO GESTORES LABORALES
Además, tanto este acusado como otro, que había sido jefe de Policía Local en Marratxí y que en Calvià actuaba como inspector, presuntamente trabajaban como gestores laboral para algunos empresarios.
Emitieron diversas facturas a través de sociedades que formalmente figuraban a nombre de otras personas --como la pareja de uno de ellos-- pero que según la Fiscalía en realidad controlaban los policías.
Supuestamente, gracias a esta relación, estos locales recibían un trato de favor y eran avisados cuando se iban a realizar inspecciones. El fiscal afirma que las denuncias contra estos locales se archivaban materialmente sin dictar resolución expresa, o que les quitaban las multas o pactaban una cantidad muy pequeña. De hecho, reseña el Ministerio Público que uno de los locales ni siquiera constaba inscrito en el registro y no se le inició ningún expediente sancionador.
La Fiscalía sitúa como beneficiario a un grupo empresarial integrado por dos sociedades que controlan varios locales de ocio de Magaluf.
