PALMA DE MALLORCA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha anunciado este martes la presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo por el "reducido" importe del plus de insularidad en Baleares.
Según han informado fuentes de UGT a Europa Press, el contexto social y económico de Baleares se caracteriza por la naturaleza insular de su configuración geográfica que "genera un conjunto de desventajas que afectan al transporte, a las comunicaciones, la sanidad o la educación", entre otros.
Por ello, con el fin de "paliar o corregir los efectos negativos de la residencia en ciertos territorios", han explicado que en los años 50 se creó la "asignación por residencia", que en 1965 se transformó en el complemento de indemnización por residencia o comúnmente llamado en esta comunidad autónoma "de insularidad".
"CARECE DE BASE OBJETIVA"
No obstante, han lamentado que esta indemnización, de carácter compensatorio y no retributivo, actualmente "no da respuesta a las necesidades reales de Baleares, al carecer de una base objetiva para su cálculo y distribución y no haberse actualizado en su cuantía".
"Estas circunstancia generan que el personal de la Administración general del Estado se resista a aceptar un destino en alguna de las plazas de las islas, o tengan lugar situaciones de renuncia o peticiones de traslado y de participación en el primer concurso de traslados que se convoca para optar a otros destinos", señalan desde UGT.
Asimismo, apuntan que muchos funcionarios piden el traslado "ante la dificultad manifiesta de acceso a la vivienda y de los costes de la vida en el territorio insular, siendo el déficit de plantilla una constante lamentable".
En esta línea, han utilizado los datos de Población del Instituto Nacional de Estadística (2017) y los del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (enero 2018), para obtener la ratio de empleados públicos de la Administración General del Estado por cada 1.000 en 12 comunidades autónomas.
El resultado ha sido que en Baleares el número de efectivos por 1.000 habitantes es de 2.89, mientras que la media de las 12 comunidades autónomas es de 3.56, lo que, según UGT, demuestra que existe un déficit importante de recursos humanos en la región.
Otros datos que refuerzan esta afirmación, según han apuntado, están en que en el mes de julio se hizo pública la imposibilidad de poner en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza por falta de personal.
Además, han destacado que la Delegación del Gobierno tiene entre un 20 y un 25 por ciento de las plazas vacantes y que de la plantilla de la tesorería de la seguridad social en Ibiza, de las 23 plazas, están actualmente cubiertas 13.
