El hombre sufrió este lunes una caída en la Sala, en un tropiezo cuando se disponía a declarar
PALMA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ingreso hospitalario de J. L. H., conocido como 'príncipe de Hohenlohe', ha obligado a suspender, al menos hasta este miércoles, el juicio por estafa que se sigue contra él y su pareja en la Audiencia Provincial de Baleares, y que arrancaba este lunes.
El acusado, un hombre de nacionalidad austriaca que presenta diversos problemas de salud, sufrió este lunes una caída en la Sala, en la que se golpeó en la cabeza. Una ambulancia del 061 trasladó al herido a una clínica privada de Palma, en la que este martes seguía ingresado.
Al parecer, el hombre se tropezó en el momento en el que se disponía a acercarse al micrófono para prestar declaración. Precisamente, su defensa había planteado, momentos antes, que por motivos de salud se le dispensara de acudir a todas las sesiones del juicio una vez hubiera declarado.
Este martes el Tribunal y todos los abogados se han vuelto a reunir en la Audiencia, donde se ha recibido un informe médico del servicio de traumatología del hospital. En la comunicación se daba cuenta de que el hombre se encuentra en observación, y que no es posible dar una previsión de cuánto tiempo permanecerá ingresado, a la espera de varias pruebas.
Para salvaguardar el derecho a la defensa la Fiscalía -que no formula acusación en esta causa- ha solicitado la suspensión de la vista de este martes. Además ha considerado que la coacusada B.D., esposa del 'príncipe de Hohenlohe', tampoco se encontraba en disposición de declarar por su estado anímico derivado de toda esta situación.
A la petición de suspender la vista no se ha opuesto ninguna de la treintena de acusaciones particulares. Sin embargo, el incidente complica un juicio que estaba previsto para varias semanas.
No se ha decidido la suspensión inmediata de todo el juicio, sino que los abogados han quedado citados para este miércoles, desconociendo si se podrá comenzar -esperando recibir comunicación del hospital-.
Los dos acusados enfrentan peticiones de hasta ocho años de cárcel por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, entre otros.
Se les enjuicia por supuestas estafas relacionadas con actividades de asesoramiento financiero, en las que presuntamente se prometía a las víctimas inversiones de alto rendimiento y rápida devolución que finalmente nunca recuperaban.
