PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juicio por el conocido como 'caso IME', en el que están procesados dos funcionarios del Ayuntamiento de Palma, se celebrará en la Audiencia Provincial entre el 6 y el 8 de mayo.
La Sección Segunda de la Audiencia ha acogido este viernes una vista con los acusados en la que se han dirimido algunas cuestiones previas a la celebración del juicio, que deberá esclarecer supuestas irregularidades en el mantenimiento de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Palma, presuntamente para beneficiar a una empresa privada.
Los acusados son el que fue gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME) entre 2011 y 2015, Antonio Ramis; el jefe de mantenimiento, Alberto Serna; el administrador de Roig SA, Antoni Roig; y el jefe de producción de la compañía, Bartolomé Colom.
La Fiscalía les imputa fraude, un delito continuado de malversación y un delito continuado de prevaricación administrativa, y pide para ellos penas que suman 24 años de prisión, además de la inhabilitación para empleo o cargo público. También reclama que indemnicen al Ayuntamiento con más de 750.000 euros.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Precisamente, la responsabilidad civil ha sido el principal objeto de debate en la vista de este viernes. La defensa de uno de los acusados ha planteado que este aspecto ya había sido examinado en otra vía, puesto que el Tribunal de Cuentas se pronunció al respecto absolviendo a su representante -uno de los funcionarios- y considerando que no había perjuicio al Ayuntamiento. Por ello, pedía dejar fuera del juicio esta cuestión.
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau se ha opuesto, al entender que el orden penal tiene prioridad y que hay diferencias en cuanto a los hechos y las personas procesadas, entre otros argumentos. Además, Carrau ha alegado que cualquier posible disonancia en lo que respecta a la indemnización podrá resolverse en la ejecución de la sentencia, descontando las cantidades que se consideren oportunas.
A estos argumentos se ha adherido el abogado del Ayuntamiento de Palma, que ejerce la acusación particular como perjudicado.
Tras deliberar brevemente, el Tribunal ha decidido resolver esta petición en sentencia y no con anterioridad al juicio, como planteaba la defensa.
SUPUESTO TRATO DE FAVOR
La Fiscalía Anticorrupción acusa a los funcionarios de haberse prevalido de sus puestos para beneficiar económicamente a la empresa. En su escrito, el fiscal señala que uno de los trabajadores públicos "mantenía una estrecha amistad" con el administrador de la sociedad, que fue contratada por el IME para el mantenimiento de las instalaciones deportivas.
El fiscal sostiene que desde el IME se modificó el sistema de control de facturas y suministros, de manera que "los directores de los polideportivos e instalaciones fueron apartados" y el jefe de mantenimiento asumió la jerarquía funcional. La Fiscalía también apunta que los capataces debían firmar los albaranes "sin precio".
La acusación pública también incide en que, presuntamente, otra manera de favorecer a la empresa consistiría en "admitir y dar como buena" una facturación con un sobreprecio medio del 96% sobre el valor de mercado. El fiscal también señala supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales por parte de la empresa.
