Horrach sostiene que se detuvo al subinspector Miguel Ángel Blanco sin habilitación judicial
PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El abogado del que fuera jefe de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional, José Luís García Reguera, ha defendido que de los más de 100 testigos que han comparecido en el juicio contra los antiguos investigadores del caso Cursach, solo 20 o 22 se refirieron a él, que algunos, incluso, alabaron su trabajo y que nadie le atribuyó ningún delito por lo que "le acusan únicamente por ser el jefe".
"Algunos no sabían ni su nombre", ha señalado el letrado Álvaro Martín, que ha añadido que hasta uno de los abogados de la acusación, que fue detenido por García Reguera, reconoció que su arresto fue "correctísimo en el fondo y en las formas".
"¿Por qué está sentado en el banquillo?" El abogado ha rechazado las acusaciones que se le hacen de detención ilegal y revelación de secretos cuando, además, es el único que no aparece en los chats.
En relación al informe de 725 páginas que elaboró su defendido ha insistido en que se trataba de un borrador, con más 2.500 anexos que no obran en la causa. "Había que leérselo", ha señalado haciendo referencia a una intervención del fiscal Herranz apuntando a que solo había que buscar por determinadas palabras.
Según Martín, el jefe de la Unidad de Blanqueo ha sido acusado precisamente por ser el responsable de la unidad. "Ser el jefe del grupo es el único delito que ha cometido", ha añadido.
TRAS EL CHAT SANCUS, EL VACÍO
Por su parte, el abogado Pedro Horrach, que ejerce la defensa del subinspector Miguel Ángel Blanco, ha criticado que toda la investigación, por parte de los agentes Márquez y Palomo, se basara en el llamado chat Sancus --"un chat privado que fue sacado de contexto porque las opiniones no delinquen"-- y en los listados de llamadas de los teléfonos intervenidos.
Sin embargo, ha añadido, tras quedar fuera del procedimiento aquel chat, "ha quedado el vacío" y no existe prueba que acredite una actuación conjunta de los acusados. "¿Cómo se atreven las acusaciones a calificar estos rumores de salón como indicios incriminatorios y calificar de basura los indicios de los casos ORA I y ORA II?", se ha preguntado. Al mismo tiempo, ha argumentado que si los chats no son válidos en relación al delito de revelación de secretos, tampoco lo son para el delito de omisión del deber de perseguir delitos.
El letrado ha alertado la "debilidad acusatoria" de las partes que emplean argumentos como que un periodista repartía periódicos en los juzgados. "Ha habido una generalidad inadmisible en cualquier procedimiento penal", ha apuntado.
"No hemos nacido ayer. He conocido abogados que facilitan noticias perjudiciales para sus cliente para obtener promoción en la prensa. No sirve como argumento", ha señalado en relación a las posibles filtraciones. Según Horrach, en relación a su defendido, "no hay un solo dato del que se puedan inferir las múltiples conductas que se le imputan".
"¿Cuándo, dónde y de qué forma mi representado Miguel Ángel Blanco ha facilitado información reservada a la prensa? ¿Cuándo, dónde, de qué forma y con quién se ha puesto de acuerdo para facilitar la información reservada a la prensa. Y, por último, ¿cuándo y cómo ha conocido Miguel Ángel Blanco que se había publicado en prensa información reservada?", ha concretado en relación a su cliente haciendo referencia a la debilidad acusatoria a la que había apuntado y al empleo, por parte de los investigadores, de "triquiñuelas y ejercicios de malabarismo".
También en relación al subinspector, ha recalcado que cuando se accedió al chat Sancus y se detuvo a Blanco por un delito de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos no existía habilitación judicial. "Sin habilitación, analizan el chat y detienen a mi representado el 2 de abril de 2019, cuando el auto válido se dicto el día 11 de abril", ha explicado.
El mismo argumento de la falta de habilitación judicial lo ha expuesto en relación a la intervención del teléfono móvil de Iván Bandera, que borró el contenido del chat. El abogado ha rechazado que se recuperara el contenido con técnicas de recuperación sobrepasando así el consentimiento otorgado.
En relación al concurso de la ORA, ha considerado lógico que tras la declaración del testigo protegido 19, que fue trasladada por los órganos judiciales a la policía y que por lo tanto no tenían porqué ponerla en duda, se iniciaran las investigaciones y se reclamara el expediente. Sobre la declaración del testigo protegido, el letrado ha recordado que "sigue ahí" y que nadie se ha decidido a investigar unas grave, nadie ha iniciado una investigación para desacreditar unas imputaciones que de ser falsas son "gravísimas". "Esta declaración tan criticada es la guía de la investigación y condiciona la misma", ha añadido.
Siguiendo con esta causa, ha señalado que la hipótesis que manejaban los investigadores policiales en aquel momento era que el amaño se había producido mediante la elaboración de un pliego de prescripciones técnicas a la carta y una valoración interesa realizada por los miembros de la comisión técnica.
En este punto, ha defendido la actuación de Miguel Ángel Blanco que, ante los indicios suficientes, "se preocupa" por limitar las categorías de personas en función de su participación en el procedimiento.
La exposición de Pedro Horrach ha sido interrumpida a las 20.30 horas por el presidente del tribunal, Antoni Capó, para seguir este viernes.
