El Govern balear asegura que el informe recoge una bajada "incorrecta" de beneficiarios de renta social
PALMA, 25 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales ha reivindicado una mayor cobertura en las rentas mínimas de inserción (RMI) de las comunidades, que presentan "diferencias extremas", y ha destacado que más del 10% de las personas en el umbral de pobreza en Baleares recibe esta prestación. Con todo, el Govern balear ha explicado que el documento recoge una bajada "incorrecta" de beneficiarios de renta social en 2020 y que este porcentaje es superior a lo estimado.
Concretamente, el Govern ha señalado que los datos no contemplan a los titulares del complemento de las Pensiones No Contributivas que paga la Conselleria. En cambio, en 2019 sí se computan generando el bajón no real de 7.170 titulares que recoge el informe.
Desde 2020, la Conselleria diferencia a los titulares de Renta Social Garantizada (familias) de los perceptores de una Pensión No Contributiva. "El informe no lo ha tenido en cuenta a la hora de realizar la comparativa entre 2019 y 2020", han destacado desde el Govern.
Por otro lado, han señalado que el informe tampoco contempla a los más de 7.000 titulares y 10.000 beneficiarios de la Renta Social Extraordinaria que el Govern puso en marcha en 2020 y que se pagó durante dos meses, lo que supuso una inversión por parte de la Conselleria de 6,4 millones de euros.
LOS DATOS DE LA ASOCIACIÓN
A nivel nacional, y según la asociación, solo el 9% de las personas en el umbral de la pobreza percibe rentas mínimas de inserción (RMI) que ofrecen las comunidades autónomas.
Así, destacan dos como País Vasco y Navarra con porcentajes que suponen el 61,7% y el 59,6%, respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza; seguidas de Asturias y Cantabria, donde reciben estas rentas casi una de cada seis personas bajo el umbral de la pobreza.
Por contra, las RMI de otras diez comunidades "ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%", ha criticado la asociación.
Ante estos datos, la asociación ha solicitado al Ministerio que simplifique los procedimientos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y "cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias como se había comprometido y recuperar los 1.000 millones que no ha gestionado en el año de la mayor crisis social de la historia reciente de nuestro país".
Asimismo, han reclamado a las comunidades autónomas que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas "se orienten a la garantía del derecho a la inserción social, reforzando los servicios sociales para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral".
