Terrasa confió en que a finales de verano desarrollen de forma estable su actividad los magistrados de refuerzo de la Audiencia
PALMA DE MALLORCA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un total de nueve jueces de refuerzo se han incorporado en los últimos meses a cuatro juzgados de instrucción de Palma (1, 3, 6 y 12), a los de lo social y lo mercantil, al Juzgado de Ejecutorias, así como a las dos secciones penales de la Audiencia Provincial, ante el colapso de estas dependencias por el aumento y la complejidad de los procedimientos por presunta corrupción política.
Así lo puso hoy de manifiesto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antonio Terrasa, tras la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Sindicato de Periodistas de las islas. En el acto, Terrasa señaló que también está previsto que se incorpore otro nuevo magistrado en el Juzgado de Instrucción número 2, en cuyas manos se encuentran los complejos casos Son Oms y Maquillaje.
En esta misma línea, confió en que a finales de verano trabajen de forma estable los jueces de refuerzo de las secciones penales de la Audiencia, al tiempo que se refirió a un plan de refuerzo del Juzgado número 8, el de Ejecutorias, a fin de analizar las sentencias a archivar y las que deban ejecutarse de cara a la puesta en marcha de un servicio común en esta dependencia con la llegada de la Oficina Judicial.
Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, manifestó que "todas las causas que afectan a macroestructuras financieras son complejas y provocan el sobredimensionamiento de los juzgados", aunque aseveró que el órgano de los jueces ha adoptado "bastantes" medidas de refuerzo en las islas ante esta situación ya que "es sensible con la sobrecarga en los distintos ámbitos jurisdiccionales".
Es por ello que incidió en la necesidad de "evitar que los juzgados se colapsen por un exceso de carga de trabajo, a lo que se suma la coyuntura económica actual".
En referencia al recorte en el salario de los magistrados -en torno al 7 por ciento- planteado por el Gobierno central, Bravo mostró su "comprensión por el malestar" de los magistrados, quienes "se quejan de forma especial porque no fueron consultados ni informados de la medida". Ante esto, expresó el compromiso del CGPJ de iniciar conversaciones con el Ministerio de Justicia para revisar la Ley de Retribuciones, pendiente desde 2005, "a fin de alcanzar las soluciones más satisfactorias".
Sin embargo, abogó por "solidarizarnos" con la situación económica del país, que "no afecta únicamente a España sino a toda la UE". "Hay que seguir trabajando para que la carrera judicial no se vea perjudicada", incidió la portavoz del CGPJ.
BECA EN EL GABINETE DE COMUNICACIÓN DEL TSJIB
Mientras tanto, en relación con el convenio suscrito hoy, Bravo explicó que va dirigido a crear una beca para realizar prácticas formativas en el gabinete de comunicación del TSJIB, y manifestó que este acuerdo "demuestra el gran interés en la apuesta por la transparencia institucional y por transmitir las informaciones con veracidad". En este contexto, apostó por "buscar fórmulas imaginativas en tiempos de crisis y abogar por una política de comunicación más efectiva".
Finalmente, confió en que, a través de esta iniciativa, los medios de comunicación "huyan de los sensacionalismos e informen de forma veraz y objetiva" de cara al "fortalecimiento del Estado de Derecho".
