BRUSELAS, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Centro de estudios y documentación 'Guerra y Sociedad Contemporánea' (Ceges) presentó esta semana en el Senado belga un informe solicitado hace cuatro años por la propia Cámara Alta sobre las eventuales responsabilidades del Gobierno en la persecución de los judíos durante el régimen nacionalsocialista alemán, en el que la principal conclusión es que Bélgica se comportó de manera "dócil" con los nazis y contribuyó activamente a la 'Shoah'. El estudio, de 1.114 páginas, se publicará el próximo 8 de mayo en francés y en neerlandés.
"El Estado belga adoptó una actitud dócil, al ofrecer una colaboración indigna de una democracia, en ámbitos muy distintos pero cruciales, a una política desastrosa para la población judía, tanto belga como extranjera", señala el texto, en el que se deja claro que "la responsabilidad del genocidio hacia los judíos recae en primer lugar en los principales dirigentes del régimen nacionalsocialista alemán y en los que, en Bélgica, eligieron colaborar con ese régimen".
El presidente del Centro de estudios, Rudi Van Doorslaer, y el equipo encargado del informe pretenden explicar cómo llegó Bélgica a situarse del lado de los alemanes. En su opinión, hay que echar un vistazo a tres factores que no eran propios del país, como la falta de preparación jurídico administrativa para una segunda ocupación, la cultura xenófoba e incluso antisemita de la élite dirigente y, de manera global, el déficit democrático en la década de los años treinta y cuarenta.
El estudio del Ceges confirma la "activa participación" de los altos cargos de la administración del momento en la persecución de los judíos, hasta el punto de que habla de una colaboración administrativa "máxima" cuando las fuerzas de ocupación estrechaban el cerco en torno a los ciudadanos de origen judío. "Las autoridades ignoraban en el verano de 1942 el significado de los trabajos que se hacían en el Este, pero tampoco se hacían demasiadas preguntas cuando, por otra parte, la colaboración económica iba viento en popa", se resalta.
También se alude las razones ideológicas que llevaron en su momento a las élites gobernantes a unirse al régimen de Adolf Hitler pensando que Alemania ganaría la guerra y que no convenía llevar la contraria a los nuevos dueños de Europa. Explica, asimismo, que "la política antisemita ya no les molestaba, al estar acorde con la época, y no sólamente debido al antijudaísmo católico tradicional".
Los historiadores liderados por Van Doorslaer destacan en sus conclusiones tres momentos "clave": el periodo que va de octubre a noviembre de 1940, el verano de 1942 y finales de 1945. En el primer periodo relatan que la administración central y la cúpula de la autoridad judicial registraba a la población judía a petición de las fuerzas ocupantes, a pesar de suponer una violación flagrante de la Constitución belga.
El informe sostiene que se asiste a una "actitud xenófoba" largamente extendida, vinculada en gran medida a un "antisemitismo latente" que era "un lugar común en una parte importante del 'establishment' belga y particularmente en medios católicos de derecha y nacionalistas".
1.243 JUDIOS
Lo que se destaca del verano de 1942 es que, en esta época, las deportaciones estaban "a la orden del día de la policía nazi " y que en Bélgica se producen dos tipos de situaciones. Mientras en Bruselas las autoridades comunales se niegan a repartir las estrellas con las que los judíos estaban obligados a identificarse, y a poner a disposición de las autoridades nazis a sus agentes, las de Amberes van "claramente más lejos" y su policía detiene por su cuenta a 1.243 judíos para entregarlos luego a los alemanes.
Los autores del informe sitúan el tercero de los momentos 'clave' a finales de 1945, tras la liberación del país y de Europa en su conjunto de las tropas alemanas. "La justicia militar llegó a la conclusión de que la instrucción sobre la colaboración en las redadas de Amberes era mucho más sutil. Como resultado de ello se descarta toda responsabilidad de las autoridades belgas en la deportación y la persecución. Nuestras élites no se preguntaron por las consecuencias de su falta de confianza en la democracia", sostiene el estudio.
