MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El ultraderechista Itamar Ben Gvir, líder del partido Otzma Yehudit (Poder Judío) y actual ministro de Seguridad Nacional israelí, ha anunciado este lunes un acuerdo para retrasar la reforma judicial hasta el verano después de amenazar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con salirse del Gobierno de coalición si paralizaba la medida.
Ben Gvir habría cedido a retrasar la reforma judicial hasta el verano a cambio de la formación de una "Guardia Nacional" bajo mando el Ministerio de Seguridad Nacional que lidera, una medida que podría ser aprobada en la próxima reunión del gabinete de la coalición, ha informado el diario 'The Jerusalem Post'.
La creación de una Guardia Nacional, defendida por Ben Gvir desde hace meses, supone reforzar las fuerzas de la Policía fronteriza existentes con la creación de un cuerpo independiente de la autoridad policial que esté sujeto al Ministerio de Seguridad Nacional, es decir, bajo su mando directo.
Ben Gvir ha afirmado con anterioridad que el cuerpo --cuya labor sería llevar a cabo operaciones delicadas en Cisjordania, como arrestos-- estaría bajo el mando de la Policía. El ultraderechista ha intentado materializar este nuevo cuerpo policial desde la firma del acuerdo de coalición.
En concreto, Ben Gvir plantea la transferencia de militares de la Policía fronteriza, así como el reclutamiento de nuevos agentes de la Policía y hasta 10.000 tropas voluntarias, una propuesta que ha sido criticada por la oposición, que afirma que el ultraderechista plantea crear una milicia privada que responda a sus intereses.
Si bien estaba previsto que Netanyahu compareciera a las 10.00 horas (hora local), su discurso ha sido aplazado debido a las amenazas por parte de algunos de sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos sobre la posibilidad de retirarle su apoyo si cedía y suspendía la reforma.
El ultraderechista ha sostenido con anterioridad que "la reforma judicial no debe ser detenida" y ha subrayado que "no hay que rendirse ante la anarquía". Previamente, el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, de Otzma Yehudit, había subrayado que el partido no estaba preparado para detener la tramitación de esta legislación.
De salir adelante, la reforma daría al Gobierno control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, y limitaría en gran medida la capacidad del tribunal de anular legislación que viole la Constitución, al tiempo que permitiría al Parlamento modificar leyes que consiga anular con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados.
