La organización lamenta que España produzca estas bombas mientras sus soldados se arriesgan para desactivarlas en Líbano
MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La organización ecologista Greenpeace reclamó hoy al Gobierno español que prohíba la producción, almacenamiento y uso de bombas de racimo en territorio español y su venta al exterior, al tiempo que instó al Ejecutivo a apoyar los esfuerzos de Bélgica o Noruega en favor de la adopción de un tratado internacional que prohíba este tipo de bombas, "especialmente letales para los civiles y en especial para los niños".
"La desactivación de estas bombas es una de las principales tareas que han asumido los soldados españoles en Líbano", declaró en Madrid la responsable de la campaña de Desarme de Greenpeace, Mabel González, durante la rueda de prensa de presentación del informe 'Bombas de racimo: la lluvia de acero'. "Resulta paradójico que España esté vendiendo armas de racimo y luego los soldados españoles tengan que asumir los riesgos de desactivarlas", añadió.
Según Greenpeace, España es uno de los países donde se fabrican bombas de racimo y cuyo Ejército dispone de ellas. En una respuesta escrita al Congreso de los Diputados en junio de 2005, el Ministerio de Defensa reconoció que el Ejército del Aire "dispone de un arsenal limitado de bombas que contienen, respectivamente, submuniciones contra carro y antipista". Asimismo, aseguró que no tenía constancia de que estas armas hubieran sido utilizadas por España en ninguna de las campañas internacionales en que ha participado.
El Ejército español dispone, según Greenpeace, de tres tipos de armas de racimo: la bomba BU-100 B (Rockeye), importada de Estados Unidos; la bomba antipista BME-330, de fabricación nacional; y la bomba de mortero MAT-120, de fabricación nacional. Según la organización, el Gobierno debería "destruir o desmantelar los arsenales de bombas de racimo en poder del Ejército español".
El director ejecutivo de Greenpeace-España, Juan López de Uralde, lamentó en la rueda de prensa la falta de transparencia sobre el comercio español de armamento, que hace "muy difícil saber con exactitud la vinculación de España en la producción y comercialización de estas armas". "Las fabrican para venderlas, pero es imposible saber dónde las están vendiendo y si las están vendiendo a causa de esa opacidad", declaró, por su parte, Mabel González.
No obstante de este problema, Greenpeace asegura que cuatro empresas españolas están asociadas a la producción de bombas de racimo: Expal Explosivos, Instalaza SA, Santa Bárbara e International Technology SA.
TRATADO INTERNACIONAL
Otra de las medidas que Greenpeace reclama al Gobierno español es la de "apoyar la adopción de un tratado internacional que prohíba las bombas de racimo".
"No estamos pidiendo nada utópico", aseguró González, quien recordó en este sentido que en los últimos años se ha avanzado en la prohibición internacional de ciertos armamentos especialmente peligrosos, como se refleja en el Tratado de Ottawa de 1997 que prohíbe las minas antipersonales.
"Las bombas de racimo deben someterse a un procedimiento similar", manifestó la organización, que recordó que este año se han producido algunos avances en este sentido.
En febrero, Bélgica prohibió la fabricación, venta, uso y almacenamiento de bombas de racimo en su territorio, y Noruega anunció el pasado mes de noviembre que va a liderar un proceso de negociación internacional encaminado a lograr un tratado para prohibirlas. La primera reunión tendrá lugar en febrero de 2007. "Pedimos al Gobierno español que se sume a estos procesos que responden a su compromiso por la paz", afirmó Mabel González.
"FUNDAMENTALMENTE LOS NIÑOS"
Según Greenpeace, el 98 por ciento de las víctimas de estas armas son civiles y, según López de Uralde, las bombas de racimo "son más letales que las minas antipersonales, especialmente para la población civil". "Es un armamento indiscriminado que afecta fundamentalmente a los niños, que se ven atraídos por sus colores y formas llamativos", añadió.
Una bomba de racimo está formada por una especie de "contenedor" que puede ser lanzado desde tierra, mar o aire y que, al abrirse durante la trayectoria, expulsa cientos de submuniciones que se dispersan por amplias superficies.
En teoría, estallan cuando alcanzan el suelo, pero no siempre ocurre. Según Mabel González, "entre el cinco y el 30 por ciento de las municiones no estallan y quedan dispersas por el territorio, donde actúan como si fueran minas anrtipersonales". Con el lanzamiento de estas armas "es imposible distinguir entre objetivos civiles y militares" y sus efectos causan víctimas mortales "incluso muchos años después", añadió.
Estas armas se han utilizado en más de 20 conflictos desde los años sesenta, como los de Líbano, Irak, Afganistán, Kosovo, Laos o Vietnam, y se calcula, según Mabel González, que ya han causado alrededor de 100.000 víctimas mortales. Durante la reciente campaña militar de Afganistán "se lanzaron miles y miles de estas bombas a la vez que paquetes de comida con el mismo color y el mismo tamaño", denunció.
En la ofensiva del pasado verano, Israel "bombardeó masivamente" el territorio de Líbano con estas armas y se calcula que quedan en el país "un millón de municiones sin explotar", dispersadas por "casas, escuelas, terrenos de cultivo e incluso ramas de los árboles", explicó González. Entre sus víctimas hay personas "que habían ido a sus casas para ver cómo habían quedado, o que estaban cultivando la tierra", explicó.
Por si fuera poco, las operaciones de desactivación de estas armas son "especialmente peligrosas", su coste es "inmenso" y tardan "muchísimos años, porque las asumen los países que las han sufrido y que no tienen suficientes recursos para ello", prosiguió.
