Marty considera "ineficaz" y "atentaroria" contra los valores y los derechos humanos la política antiterrorista de EEUU
PARIS, 7 Jun. (Del corresponsal de EUROPA PRESS, Javier Gómez Muñoz) -
El relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las presuntas actividades ilegales de la CIA en Europa, Dick Marty, declaró hoy que "los Gobiernos y Parlamentos" de los 14 países europeos que supuestamente colaboraron con los servicios americanos "tienen la obligación de establecer la verdad" sobre un sistema que calificó como una "telaraña mundial" de aeropuertos, vuelos y centros de detención ilegal que permitió el "secuestro" de personas y su transporte a "carceles secretas".
Un total de 14 países europeos, entre los que está España, colaboraron con la CIA al permitir en sus territorios vuelos que transportaban a presuntos terroristas u operaciones logísticas que los hicieron posibles. "Hemos adoptado los métosos norteamericanos sin preguntarnos por su eficacia (...) Este sistema no puede continuar, incluso si la lucha contra el terrorismo es una prioridad", manifestó Dick Marty, en una rueda de prensa en París.
Marty acusó a algunos de ellos, como Alemania, Reino Unido, Polonia, Rumanía, Macedonia e Italia de no querer colaborar con la comisión y haber ocultado informaciones decisivas. "Pedimos a los responsables que, de no haber aclarado la verdad, lo hagan lo más rápido posible", agregó. El parlamentario del Consejo de Europa cree que los países democráticos "han legado la lucha antiterrorista a los servicios de información", pero que "debe existir también un control sobre su actuación".
El relator del informe dijo no estar en grado de asegurar "el grado de implicación" de los estados europeos. "En algunos casos, los Gobiernos estaban al corriente. En otros, se trataba sólo de los servicios de información", añadió Marty, quien descartó por el momento la posible imposición de sanciones por parte de la organización internacional.
El informe será discutido en la Asamblea del Consejo de Europa el próximo 27 de junio. La comisión jurídica decidió hoy en París la creación de una subcomisión específica para proseguir con las investigaciones de los vuelos de la CIA, que deberá ser ratificada en la reunión de la Asamblea.
El informe, que estudia 10 casos de entregas ilegales que conciernen a 17 presuntos terroristas, es sólo una "etapa intermedia pero importante" de una investigación cuyos detalles "van a seguir emergiendo hacia la superficie", según Marty.
"El 27 de junio se podrá definir mejor a los responsables y eventualmente tomar decisiones. Ahora lo esencial es que hay elementos más que suficientes que justifican investigaciones serias dentro de los estados implicados" dijo Marty.
René Van der Linden, presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, presente en la rueda de prensa, precisó que la investigación de esta institución pretende ser "preventiva" y "sensibilizar" sobre los abusos que pueden cometerse dentro del marco de la "lucha contra el terrorismo". "Se han usado métodos contrarios a los principios y valores fundamentales" de los 46 estados que componen el Consejo de Europa.
NUEVA POLÍTICA ANTITERRORISTA MUNDIAL
Marty lanzó una dura acusación contra la política antiterrorista de Estados Unidos, "ineficaz" y "atentatoria" contra los valores fundamentales y los Derechos Humanos. El relator del informe pidió solemnemente a Estados Unidos y Europa "que discutan una nueva estrategia global en la lucha contra el terrorismo, no basada sólo en la represión, sino en la prevención".
"El Estado de Derecho tiene medios para acabar con el terrorismo", añadió el ex fiscal suizo. Marty subrayó la paradoja de que "el terrorismo quiera destruir el sistema democrático y de derechos humanos y, al final, sean las autoridades de los países democráticos quienes primero acaban con los principios que los sustentan".
Según Marty, el "apartheid jurídico" establecido contra personas "musulmanas o árabes, secuestradas y retenidas sin asistencia jurídica" es "extremadamente peligroso", puede "exasperar a la población" e incluso fomentar la creación de "nuevos terroristas".
Para definir el sistema de secuestro y transporte ilegal de personas a centros de detención secretos, en su mayoría en Irak, Afganistán y Guantánamo (Cuba), Marty empleó tres conceptos. La "tela de araña", es decir, la red de aeropuertos, vuelos y centros, tejida por la CIA en colaboración con estados o servicios de inteligencia europeos.
El segundo es el "velo de silencio", que se explica por el hecho de que "un sistema parecido es imposible sin la participación, en diferentes niveles, de los estados en la tela de araña". Unos estados que decidieron guardar silencio sobre estas actividades, según denuncia el texto.
El tercer concepto es el de "apartehid jurídico", por el que Marty denuncia la situación de las personas secuestradas, "sin asistencia jurídica", "sin posibilidad de ser visitados", y sin que "un tribunal independiente hubiese aportado pruebas de su culpabilidad". Una situación que sólo puede ser aplicada "a ciudadanos no norteamericanos" y "en territorio no americano". Marty insistió en que esto no implica que los 17 secuestrados cuyos nombres aparecen en el informe sean inocentes.
AUSENCIA DE PRUEBAS
Marty reconoce que el proyecto de informe que se debatirá en el Consejo de Europa el 27 de junio afirma carecer de "pruebas en el sentido clásico del término", pero lanza su acusación en base a una serie de "elementos coherentes y convergentes", entre ellos testimonios, indicios y fuentes anónimas, que permiten concluir que existieron estas actividades ilegales.
El relator suizo citó cuatro tipos de fuentes con las que ha trabajado la comisión: las informaciones oficiales sobre tráfico aéreo, el material aportado por periodistas de investigación y las asociaciones internacionales de Derechos Humanos, los aficionados que toman fotos en los aeropuertos de los aviones que aterrizan y despegan y conversaciones confidenciales con personas de varias administraciones públicas, entre ellas la estadounidense, y de servicios de información de estados.
Según el informe, siete países europeos "pueden ser responsables, en grados directos y no definidos definitivamente en todos los casos, de violaciones de derechos" de personas bien identificadas. Se trata de Suecia, Bosnia-Herzegovina, Reino Unido, Italia, Macedonia, Alemania y Turquía, países donde fueron secuestrados o trasladados sospechosos de terrorismo, o que colaboraron con las detenciones ilegales.
Además, menciona otra lista de países que permitieron, o no investigaron, vuelos o centros de la CIA que sirvieron para trasladar o retener a los prisioneros. Es el caso de Polonia y Rumanía, por funcionamiento de centros secretos; Alemania, Turquía, España y Chipre, como "plataforma" para vuelos ligados a traslados ilegales; e Irlanda, Reino Unido, Portugal, Grecia e Italia como lugares donde hicieron "escala" vuelos ligados al traslado de detenidos.
