El general Prayuth se mantiene en el poder tras reiteradas promesas incumplidas de convocar elecciones
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Tailandia cumple este martes el cuarto aniversario del golpe de Estado con el que el general Prayuth Chan Ocha se hizo con el poder con la excusa de garantizar la estabilidad y con la promesa reiteradamente incumplida de recuperar la democracia en la llamada 'Tierra de las sonrisas'.
El general Prayuth, entonces jefe del Ejército tailandés, se puso al frente de la asonada castrense el 22 de mayo de 2014 para derrocar al Gobierno del partido Puea Thai, aprovechando la inestabilidad provocada por una ola de movilizaciones contra el Ejecutivo, prometiendo que dejaría el poder en un año y convocaría elecciones cumplido ese plazo.
"Cuando nuestras tareas hayan acabado volveremos a nuestros deberes normales como soldados. Vigilaremos el país desde allí", aseguró el general Prayuth a finales de mayo de 2014 en uno de sus primeros discursos televisados como jefe del Consejo Nacional para la Paz y el Orden, el nombre oficial elegido por la junta castrense para denominarse.
En ese discurso, Prayuth ya avisó de que para dejar el poder antes tenían que haberse desarrollado las reformas que las Fuerzas Armadas creían necesarias para la estabilidad de Tailandia. Primero fueron las reformas y luego llegó el momento de aprobar una nueva Constitución en 2016, una Carta Magna redactada al dictado de los militares y que consolida la influencia de la institución castrense en el futuro gobierno y le da la competencia de decidir el nombre del 'premier'.
FEBRERO DE 2019, LA ÚLTIMA FECHA PROMETIDA
Pasados cuatro años del golpe de Estado, la junta militar sigue en el poder en Tailandia, con Prayuth como máximo responsable, y con sucesivos anuncios de fechas de convocatoria de elecciones que se ven incumplidos y aplazados con diferentes argumentos. La última fecha prometida por las autoridades militares es febrero de 2019 aunque los analistas no descartan que para entonces tampoco se convoquen los comicios y los generales y almirantes sigan gobernando el país.
Durante estos cuatro años, la valoración de la sociedad tailandesa sobre las autoridades militares ha ido decayendo con el paso de los meses y al constatar que la corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas que sufre el país, según varios sondeos.
Desde su llegada al poder, la junta castrense --que se comprometió a abordar los principales problemas del país, desde las llamadas "mafias de los taxis" hasta la tala ilegal de bosques-- ha aprobado 298 leyes y ha ratificado más de 500 decretos, según los datos de la Asamblea Nacional Legislativa, que también está controlada por los uniformados. Las normas y decretos se han traducido en "grandes cambios en el sistema legal" tailandés, a juicio de Yingcheep Atchanont, director de programas de iLaw, un grupo tailandés de supervisión legal.
En los últimos meses, aún manteniéndose la prohibición de manifestaciones, se han registrado protestas contra las autoridades militares en la localidad de Chiang Mai por la decisión de autorizar la construcción de un complejo de viviendas de lujo en una zona de bosque. Las manifestaciones han sido las mayores que ha habido en el país desde que los militares se hicieron con el poder.
El proyecto inmobiliario está siendo investigado por la agencia anticorrupción de Tailandia por una supuesta apropiación indebida de unos 129 millones de baht (3,4 millones de euros) de un fondo estatal destinado a ayudar a los pobres. "Anunciaron que llegaban al poder para solucionar la corrupción y en los últimos cuatro años han demostrado que no pueden hacerlo", ha dicho Yingcheep.
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2017 situó a Tailandia con una puntuación de 37 sobre 100, un nivel algo menor que el que el país tenía antes del golpe de Estado.
Desde la Organización Anticorrupción de Tailandia, un organismo independiente que vigila las prácticas corruptas, Mana Nimitmongkol, su secretario general, ha asegurado a Reuters que las autoridades militares "han hecho más para luchar contra la corrupción que cualquier otro gobierno en la historia de Tailandia".
En estos últimos cuatro años, los continuos aplazamientos de la fecha de las elecciones parlamentarias han derivado en protestas callejeras para pedir el retorno a la democracia. Este martes, coincidiendo con el cuarto aniversario del golpe de Estado, el movimiento Queremos Votar, una alianza de activistas prodemocracia, ha convocado en Bangkok una marcha para exigir ante la sede de la jefatura de la junta militar la convocatoria de elecciones este año.
La Policía ha avisado a los manifestantes de que están prohibidas las protestas y, además, ha declarado como zona de exclusión los alrededores de la sede del Gobierno.
En cuanto a la celebración de las primeras elecciones desde la asonada castrense, Somchai Srisutthiyakorn, un exresponsable electoral, ha puesto en duda que puedan ser en febrero de 2019, como ha prometido la junta, teniendo en cuenta la tramitación de algunas normas electorales.
"La fecha más temprana sería marzo de 2019, la más tardía sería junio de 2019", ha afirmado Somchai, en declaraciones a Reuters. Por su parte, el vice primer ministro tailandés, Prachin Chanthong, ha asegurado que la junta militar quiere cumplir todas sus promesas pero ha admitido que eso "lleva tiempo".
El Puea Thai, el partido liderado por los hermanos Yingluck y Thaksin Shinawatra y derrocado en el poder por los dos últimos golpes de Estado de militares, mantiene su rechazo a las autoridades castrenses y denuncia que solo quieren consolidar su poder en la esfera política, debilitando a los partidos y a la sociedad civil.
"El Consejo Nacional para la Paz y el Orden ha usado su autoridad para mantener y ampliar su poder para los militares y para sus amigos tanto tiempo como sea posible", afirmó la formación en un comunicado hecho público el jueves.
EL PUEA THAI RECHAZA REUNIRSE CON LA JUNTA PARA PREPARAR COMICIOS
El Puea Thai, que ha ganado con amplio margen todas las elecciones legislativas en las que ha participado en la última década, ha rechazado la invitación de la junta militar para reunirse con otras formaciones políticas para preparar los próximos comicios.
A pesar de las reiteradas promesas de la junta de "devolver la felicidad" al pueblo tailandés, diversos grupos de tailandeses parecen haber agotado su confianza en las autoridades militares y han decidido protestar para exigir cambios. Las últimas protestas han estado lideradas por jóvenes activistas aunque también se han registrado manifestaciones de agricultores, un sector que ha apoyado en los últimos años a los Shinawatra por sus políticas.
"La junta llegó, silenció al pueblo e hizo su camino. No podemos estar felices con eso", ha explicado a Reuters el coordinador del Movimiento Popular por una Sociedad Justa. Decharut Sukkhumnoed, economista especializado en agricultura y profesor de la Universidad Kasetsart de Bangkok, ha denunciado que las políticas de las autoridades militares han perjudicado a los agricultores, un sector que representa el 8 por ciento de la economía tailandesa.
En el plano económico, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el 45 por ciento de los ciudadanos con menos ingresos de Tailandia tenían en 2017 menos ingresos que dos años antes. De 2014 a 2017, el PIB de Tailandia ha pasado de crecer un 1 por ciento a aumentar un 3,9 por ciento pero el sector agrario ha tenido diez trimestres en negativo de 2014 a 2016, hasta recuperarse con un crecimiento del 6,2 por ciento en 2017.
A pesar de la situación del país, los analistas creen que no es probable que el malestar de los ciudadanos llegue a poner en riesgo la continuidad de la junta militar.
