El periodista estadounidense pone a la firma de seguridad privada como ejemplo de las compañías que están explotando Irak bajo una completa impunidad legal
MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La firma de seguridad privada Blackwater se ha convertido en el modelo de empresa al borde de la quiebra que "milagrosamente" ha terminado beneficiada hasta extremos inimaginables por sus directivos gracias a la guerra en Irak. La compañía, fundada en 1997 por Erik Prince y con sede en Carolina del Norte, ha obtenido sólo este año contratos federales por valor de más de 590 millones de dólares, frente a los 800.000 obtenidos en 2001. Y en la actualidad, sus operativos se integran dentro de los 180.000 contratistas que se encuentran en el país árabe, dentro de una compañía "con el poder militar suficiente como para derrotar al Ejército de un país", y con completa inmunidad legal, tal y como indica el escritor estadounidense Jeremy Scahill en su libro 'Blackwater: El auge del ejército mercenario más peligroso del mundo', presentado esta semana en España.
En el caso concreto de Irak, Blackwater redefinió completamente el sistema militar que permanecía vigente hasta 30 de marzo de 2004. Ese día, una emboscada acabó con la vida de cuatro empleados de la compañía, cuyos cuerpos sin vida fueron posteriormente colgados de un puente sobre el río Éufrates, una imagen que llevó al Gobierno Bush a impulsar una ofensiva en la ciudad que se cobró las vidas de 27 soldados estadounidenses, casi 200 insurgentes, y sobre todo, más de 610 civiles, según la web 'Iraq Body Count'.
A partir de ese momento, "ya no tienes un sistema militar en el que se trabaja con países como España o Reino Unido para librar una guerra", afirmó Scahill en declaraciones a Europa Press, "simplemente te limitas a contratar a un Ejército privado".
Tras la emboscada, Bush empleó las muertes de los empleados de Blackwater "como justificación para arrasar Faluya, a pesar de que el Ejército estadounidense no quería entrar allí". Terminado el enfrentamiento, la empresa de Prince dejó de ser simplemente una compañía estrictamente militar. La ciudad iraquí no sólo fue el escenario de "una masacre", como la describió Scahill, sino que "impulsó el perfil de Blackwater ante el Congreso estadounidense". En 2004, Blackwater recibió 48 millones de dólares. Tres meses después de la batalla, estos fondos se incrementaron hasta los 352 millones de dólares.
Con ese dinero, y comercialmente hablando, Blackwater expandió sus servicios. Según Scahill, "Blackwater también está desarrollando su propia CIA, es decir: su propia solución de inteligencia, dirigida por el propio Prince, y supervisada directamente por antiguos altos mandos de los servicios de inteligencia estadounidenses con más de 100 años de experiencia entre todos". Esta diversificación también afecta a América Latina, donde la compañía trabaja a través de subcontratas, empleando como marco de intervención el Programa de Lucha contra las Drogas iniciado por la Administración Bush.
MERCENARIOS IDEOLÓGICOS
Si hay algo que distingue a Blackwater de una empresa habitual de mercenarios, es que sus miembros se distinguen por una ideología claramente conservadora y afín al actual Gobierno de Bush. "Uno no podría contratar a Blackwater para derrocar a Uribe --aliado estadounidense-- en Colombia, pero en el caso de Chávez...", estima Scahill.
Sobre el terreno, Blackwater opera bajo una jerarquía paramilitar de cinco niveles, encabezada por aquellos operativos procedentes de las fuerzas especiales estadounidenses --NAVY Seals o Delta Force--, con años de experiencia y altamente entrenados, que escapan a la imagen que se tiene de las fuerzas de Blackwater como "vaqueros sedientos de sangre". "Están altamente entrenados y tienen años de experiencia a sus espaldas", explicó Scahill, "y se ven a sí mismos como patriotas que creen que están sirviendo a su país", por 650 dólares al día.
En orden decreciente según salario, debajo de estos especialistas --que supervisan el despliegue de protección para los diplomáticos estadounidenses que visitan Irak--, se encuentran antiguos miembros de fuerzas especiales procedentes de países anglosajones, ex policías o soldados estadounidenses con escasa experiencia, soldados retirados procedentes de países en desarrollo y, finalmente, mercenarios de países tercermundistas, que cobran unos 12 dólares diarios.
INMUNIDAD
Las operaciones de Blackwater están respaldadas por una legislación que impide a tribunal alguno juzgar a sus empleados por crímenes de guerra. Es un entramado burocrático que se remonta a 2003, el momento en el que se establece la llamada Autoridad Provisional de la Coalición, un gobierno de facto establecido por Estados Unidos con capital en Bagdad y que en principio supondría un Ejecutivo de transición "administrado" por el ex embajador estadounidense en Países Bajos, Paul Bremmer, encargado de promulgar la llamada Orden 17, un edicto por el que los contratistas serán considerados inmunes de cualquier proceso legal iraquí respecto a sus actos realizados para cumplir las condiciones del contrato firmado con el Gobierno estadounidense.
"Bush quería una fuerza que respondiera directamente ante él, porque Blackwater no responde ante el Ejército, sino ante la Casa Blanca", explicó Scahill. "Una fuerza por encima de la ley, que no pudiera ser ni juzgada ni castigada y quería una fuerza de la que el público estadounidense no supiera nada como forma de cubrir las muertes en Irak durante la ocupación", agregó.
Blackwater agradeció más que nunca esta inmunidad el 16 de septiembre de 2007, cuando sus efectivos abrieron fuego "sin provocación y con fuerza excesiva" contra civiles iraquíes, causando la muerte de 17 de ellos, según un informe militar divulgado dos semanas después por el diario 'The Washington Post'. Dos consecuencias: la revocación de la licencia de Blackwater para operar en Irak --lo que no impide sus operaciones fuera del país árabe, ya que se les ha visto conteniendo a la población de Nueva Orleans, tras el desastre del Katrina, bajo la amenaza de las armas-- y el intento de aprobación de la llamada Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial, que capacitaría a los tribunales estadounidenses a juzgar a los contratistas por sus delitos en el exterior. La ley está pendiente del visto bueno del Senado, pero sería presumiblemente vetada por Bush.
Y en caso de que así fuera, la investigación de los delitos de los contratistas quedaría en manos del FBI, que tendría que viajar directamente a la escena del crimen. Y una vez allí, "¿cómo se les investiga? Porque tienes que entrevistar a los testigos, reunir evidencias... ¿quién protege a los investigadores?", se pregunta Scahill. "Está muy bien sobre el papel, pero ¿cómo lo aplicas? Los congresistas a los que les pregunté no habían pensado sobre ello. Incluso Prince está a favor de aprobar la legislación porque, de nuevo: por escrito está muy bien".
La raíz de todos los problemas se encuentra en "el típico pensamiento americano de 'la ley internacional es estupenda, siempre y cuando no se aplique sobre nosotros'", dijo Scahill. "Los iraquíes deberían ser capaces de juzgar a esta gente de manera independiente. Si un iraquí mata a alguien en Estados Unidos, se le juzga allí y dependiendo del estado, se le condena a muerte", argumentó.
Scahill acabó describiendo una perspectiva deprimente sobre el futuro del conflicto en Irak, uno en el que las compañías privadas seguirán teniendo mucho que decir, independientemente de quién gane las elecciones a la Presidencia de EEUU el próximo mes de noviembre. "Aunque un demócrata llegue al poder, EEUU va a dejar de 20.000 a 80.000 tropas en Irak, incrementando el tamaño de la misión diplomática, y ahí es donde entran las fuerzas de seguridad privadas", estimó. "Quizás no sea precisamente Blackwater. Pero seguro que será otra", concluyó.
