El Consejo de Europa hizo uso de su poder para reclamar información por octava vez en su historia
ESTRASBURGO (FRANCIA), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, anunció hoy que todos los países miembros del organismo le han remitido la información que solicitó respecto a las actividades de la CIA en territorio europeo, con la excepción de Bélgica, Bosnia, Italia, San Marino y Georgia.
Davis advirtió a estos cinco países que esto representa "una clara violación" de la Convención Europea de Derechos Humanos, que debe resolverse "con urgencia".
En un comunicado, Davis recordó que la pasada medianoche expiraba el plazo concedido a los Estados para que facilitasen esa información, que el propio Davis solicitó el 23 de noviembre, después de que la prensa europea desvelara la existencia de cárceles secretas de la CIA en territorio europeo, y escalas en aeropuertos europeos de aviones fletados por la agencia para trasladar en secreto a prisioneros a países donde presuntamente fueron torturados.
La información remitida debería permitir averiguar si los Gobiernos han cumplido con las obligaciones que impone la Convención Europea de Derechos Humanos, sobre todo en lo relativo a la prohibición de la tortura (artículo 3), derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 5) y derecho a un juicio justo (artículo 6). Davis recordó que no basta con no cometer estos delitos, sino que la Convención exige a los países firmantes que tomen medidas para prevenir que se produzcan.
Por ello, Davis envió a los gobiernos nacionales una lista detallada de pregunta para averiguar qué leyes han adoptado para prevenir las desapariciones forzosas, las detenciones secretas y las 'entregas extraordinarias' a países donde los prisioneros puedan ser sometidas a tratos inhumanos y cómo se han aplicado, específicamente, desde el 1 de enero de 2002.
La petición de Davis a los gobiernos complementa la investigación abierta a su vez por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a cargo del senador suizo Dick Marty, sobre supuestas actividades ilegales de la CIA en Europa.
Para ello, el secretario general hizo uso de los poderes le concede el artículo 52 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que afirma que, a petición suya, todos los Estados firmantes de este tratado deben "suministrar las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su Derecho Interno asegura la aplicación efectiva" de la propia Convención. Es la octava vez que se usa este poder en toda la historia del Consejo de Europa, que es la organización paneuropea más antigua (data de 1949).
Según informó el Consejo de Europa, 41 de los 46 países han respondido a la petición --España lo hizo el día 14--, y el embajador italiano ante la institución se ha comprometido a hacerlo esta misma tarde. Algunos de los documentos enviados "son muy detallados", pero Davis se ha comprometido a analizarlos y presentar sus conclusiones "en un plazo de días, no de semanas".
CONCLUSIONES, EL 1 DE MARZO
Davis presentará los resultados de su estudio el 1 de marzo y, según indicó, si concluye que en algún lugar no hay garantías suficientes para el cumplimiento de la Convención, lo hará público.
"Mi objetivo es averiguar qué pasó, si es que pasó algo, cómo pasó y quién estuvo implicado. Esto debería permitirnos ver más de cerca cómo garantizan los gobiernos el respeto a la Convención en el marco de la lucha contra el terrorismo y, si es necesario, proponer más medidas para prevenir violaciones futuras", declaraba el secretario general el pasado noviembre, cuando anunció esta medida.
En concreto, se pidió a los Estados miembros precisar de qué manera su Derecho Interno asegura que las actuaciones de funcionarios o agencias extranjeras en su territorio están sujetas a controles adecuados.
Además, han debido comunicar de qué forma la ley garantiza que hay suficientes salvaguardas para impedir que en su territorio se produzcan "privaciones de libertad" en secreto, con participación o asistencia de cualquier tipo de responsables, funcionarios o agentes del propio país europeo.
La tercera pregunta se refiere a cómo las leyes nacionales están preparadas para responder a supuestas violaciones de la Convención de Derechos Humanos, especialmente en el caso de "privaciones de libertad" que sean obra de agentes extranjeros.
En concreto, el Consejo de Europa deseaba saber si los países europeos pueden abrir sus propias investigaciones "rápidas, independientes y capaces de identificar y sancionar a los responsables de cualquier acto ilegal", incluidos los posibles cómplices, así como de exigir el pago de una compensación adecuada.
Por último, reclamó una explicación de si, desde el 1 de enero de 2002, alguna persona con responsabilidad pública ha estado implicada de alguna forma, por acción u omisión-- en algún secuestro o detención ilegal, incluyendo casos en que esa privación de libertad fuera impulsada por una agencia extranjera. Davis desea saber si se han abierto en los países investigaciones oficiales.
EN ESPAÑA NO HAY PRUEBAS
Por parte española, el portavoz de la Entesa Catalana de Progrés en la Comisión de Exteriores del Senado y presidente de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Lluís Maria de Puig, entregó el pasado día 14 su escrito de conclusiones sobre los supuestos vuelos de la CIA en el que afirma que no hay pruebas de que en España se hayan realizado este tipo de vuelos con detenidos ilegales.
El senador catalán elaboró el texto tras consultar a todos los grupos parlamentarios después de que estos escucharan las alegaciones del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, a finales de noviembre en el Congreso de los Diputados.
En el informe se concluye que el Gobierno español "no tiene evidencias ni pruebas" de que en España se hayan realizado vuelos transportando detenidos ilegales. De Puig manifiesta en su carta a Marty que "existen denuncias, pero hasta hoy no hay prueba alguna".
Además, subraya que en varios casos, la justicia ha tenido que archivar las diligencias abiertas y señala que la mayoría de los grupos parlamentarios están de acuerdo con el Ejecutivo aunque piden más investigación. "Desean que el propio Gobierno y los tribunales puedan aclarar mejor este bochornoso asunto", hace hincapié.
En este sentido, tan sólo Izquierda Unida --explica De Puig-- manifiesta su convicción de que los vuelos se han producido, da credibilidad a informaciones publicadas en los medios y muestra su insatisfacción con la actuación del Gobierno. "Da por sentado que el gobierno no ha querido saber más", le indica al investigador suizo.
Asimismo, señala que tras las gestiones realizadas con el Gobierno norteamericano, éste ha negado que realizara ningún vuelo de estas características en España.
