BRUSELAS, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea admitió hoy que la situación provocada por la llegada a las costas mauritanas del buque 'Marine I', con casi 400 inmigrantes ilegales a bordo que ahora están tratando de ser identificados para proceder a su repatriación, es "jurídica, política y humanitariamente compleja".
Bruselas agradeció, asimismo, la colaboración de las autoridades mauritanas en la gestión de la crisis y confió en que los inmigrantes sean tratados de manera adecuada, "como parece ser el caso", según explicó el portavoz de Cooperación y Ayuda Humanitaria del Ejecutivo comunitario, Amadeu Altafaj.
"Tiene un mérito extraordinario y la cooperación con Mauritania tiene que ser saludada por todos, españoles y europeos", dijo tras recordar que el país, básicamente de tránsito de inmigrantes, tiene que controlar con unos efectivos "muy limitados" más de 5.000 kilómetros de fronteras.
"En Mauritania lo que se está poniendo en marcha es el sistema de identificación, según todas las condiciones que prevé la legislación internacional, en particular con un seguimiento de la Oficina Internacional de las Migraciones que es el órgano multilateral que permite asegurar las garantías mínimas para que las personas sean correctamente identificadas. Este proceso lleva tiempo y se lo hemos explicado a las autoridades mauritanas, que lo comprenden perfectamente", agregó Altafaj.
El portavoz informó también de que los comisarios responsables de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, y de Ayuda Humanitaria, Louis Michel, han mantenido contactos con el Gobierno de Mauritania y con las autoridades españolas para abordar el asunto desde una perspectiva europea y no sólo estrictamente bilateral, contactos que, en cierto modo, han facilitado una actitud "más constructiva" de Nuackchott, que terminó aceptando el desembarco de los inmigrantes de origen indio.
Aunque Louis Michel mantuvo un contacto la semana pasada con el presidente de Mauritania para discutir esta situación puntual, el portavoz comunitario advirtió de que el problema va "más allá de este barco, que ha habido otros y que habrá más".
En cuanto a la posibilidad de trasladar algunos de los de origen subsahariano a Guinea-Conakry, país que ha decretado la ley marcial, la Comisión Europea insiste en que los inmigrantes tiene que ser tratados "correctamente", que la situación en Guinea-Conakry desde el punto de vista político es "difícil" y que en Cabo Verde, donde se encuentran en la actualidad, "no hay riesgo para la vida de estas personas".
También señaló que es "muy difícil" discernir cuándo una persona de un país del Africa subsahariana es un refugiado que puede cumplir las condiciones para pedir asilo político o un refugiado económico, como es el caso de la mayoría de las situaciones.
