MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
En Europa hay medio millón de mujeres que viven atrapadas en las redes de trata de personas, "pero eso es sólo la punta del iceberg" porque se trata de "un fenómeno que ha adquirido proporciones endémicas" y que afecta a 2,5 millones de personas en el mundo, según declaró hoy la miembro del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta.
La experta en política internacional, conflictos y género participó en la presentación del informe 'Recuperando derechos, progresando en dignidad' elaborado por Proyecto Sicar y Proyecto Esperanza, dos iniciativas vinculadas a la Congregación de Religiosas Adoratrices, que se dedican a la recuperación y reinserción de mujeres que han sido víctimas del tráfico y la explotación.
España, según las estimaciones de Naciones Unidas, está entre los diez países con mayor incidencia en la trata de personas con fines de explotación sexual ya que se encuentra en posición de país de tránsito y país receptor de estas redes de tráfico de seres humanos, explicó Ruiz-Giménez.
En total, en el mundo hay 127 países de origen entre los que destacan los estados de Europa del Este, el sudeste asiático y África occidental; y 137 países de destino, "donde hay una fuerte demanda", como son los estados de Europa occidental, Norteamérica, China, Japón o India. En un 77% de los casos, la trata tiene fines de explotación sexual.
Entre 2000 y 2005, Proyecto Sicar y Proyecto Esperanza atendieron a 350 mujeres que habían pasado por esta situación. Entre 32 de ellas, han realizado este estudio para analizar tanto las carencias de sus propios servicios asistenciales como el impacto que los mismos tuvieron sobre los sujetos de su actuación.
Así concluyen que todas las personas atendidas por sus programas, siete años después, "han dejado de ser víctimas, pero les queda todavía mucho para ser ciudadanas" porque aunque "el proyecto consigue mejorar radicalmente el acceso a derecho" de estas mujeres, al salir de las casas de acogida e inserción pasan a formar parte del grupo social de inmigrantes, con bajos salarios y vivienda precaria.
A nivel personal, el colaborador de Proyecto Esperanza Luis Bravo, explicó que "en un porcentaje altísimo de los casos, el miedo es una secuela que queda", especialmente cuando se trata de mujeres que han denunciado a sus explotadores porque "los traficantes cumplen penas de cuatro años y enseguida están en la calle".
INSEGURIDAD JURÍDICA
Para Ruiz-Giménez, el modelo judicial "imperante, es el de castigo a las víctimas" de las redes de trata de personas y no el de "los derechos y la reparación" porque "se preocupa por las víctimas sólo cuando colaboran" en la lucha contra el crimen organizado, y, si no se da esta denuncia, se las persigue por cuestiones como ejercer la prostitución o no tener 'papeles'.
En este sentido, las mujeres englobadas en el estudio consideraron que para ellas el proceso jurídico "revictimiza" porque "la ley de protección de testigos es cómo en las películas" y cuando ellas saben que la persona a la que denunciaron ya ha salido en libertad no pueden dejar de preguntarse "donde estará, si la habrá encontrado o si habrá localizado a sus familias", apuntó Bravo.
