MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Bolivia ha emitido finalmente las citaciones para que los miembros del gabinete de la expresidenta Jeanine Áñez declaren por el caso de la compra con presunto sobrecoste de material antidisturbios.
El Ministerio Público adelantó su intención de citar a la exmandataria y a sus ministros a principios de semana, en base a que los miembros del gabinete de Áñez firmaron tres decretos que dieron vía libre a la compra del material en cuestión.
El fiscal Alexis Vilela ha explicado que la Fiscalía ya trabaja en la elaboración de un calendario para organizar las declaraciones con el investigador asignado al caso, según ha recogido el diario 'La Razón'.
El caso de la compra con presunto sobrecoste de material antidisturbios ha atraído de nuevo la atención en Bolivia a raíz de la detención, la semana pasada, del exministro de Gobierno Arturo Murillo, que fue aprehendido en Estados Unidos por el pago de sobornos y blanqueo de capitales, delitos cometidos presuntamente en el marco de este caso, bautizado como Caso gases lacrimógenos por la prensa boliviana.
De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un coste de 5,6 millones de dólares (cerca de 4,6 millones de euros), aunque el precio real supondría 3,3 millones (casi 2,7 millones de euros).
De forma inicial, las autoridades bolivianas también habían involucrado en el caso al ex ministro de Defensa Fernando López, cuyo paradero no está confirmado, aunque las autoridades sospechan que se encuentra en Brasil.
Esta misma semana la exministra de Exteriores Karen Longaric ha confirmado que tampoco se encuentra en la nación andina. Otras dos exministras de Áñez han abandonado Bolivia desde que Luis Arce ganó las elecciones de octubre de 2020, María Pinkert y Roxana Lizárraga.
Mientras, los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán se encuentran en prisión en La Paz y Yerko Núñez se ha declarado en la "clandestinidad". La propia Áñez está en prisión preventiva desde abril, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis política de 2019.
