La inclusión o no de una referencia a la autodeterminación, principal punto de discusión
MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno británico y la Comisión constitucional de Gibraltar iniciarán hoy en Londres la reunión en la que intentarán cerrar la reforma de la Constitución gibraltareña que se aprobó en 1969. El encuentro se prolongará previsiblemente hasta el viernes 17 a media tarde.
El principal punto de discusión entre Londres y el Peñón será la inclusión o no de una referencia a la autodeterminación de la colonia. El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, señaló recientemente que las autoridades españolas aceptarían una referencia de este tipo, siempre y cuando "no contradiga" el Tratado de Utrecht por el que España cedió a Reino Unido la soberanía de la plaza en 1713.
Así, constató que la posición de Madrid sobre la reforma constitucional "no es que no haya una referencia a la autodeterminación en la nueva Constitución (gibraltareña), sino que la nueva Constitución no contradiga los términos del Tratado de Utrecht", que estipulan que España tiene la primera opción si el Reino Unido renuncia a la soberanía de Gibraltar.
Por ello, Caruana consideró "perfectamente posible" que la Constitución local "tenga una referencia a la autodeterminación que no viole los derechos que a España le proporciona Utrecht", aunque puntualizó que Gibraltar "no acepta" que estos derechos que benefician a la parte española "existan en la actualidad".
En último término, insistió en que no cree que un acuerdo sobre la Carta Magna gibraltareña "represente ningún problema a este respecto" y reiteró su convicción de que habrá un acuerdo con Londres este mes de marzo.
El Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación afirmó el pasado 22 de febrero que está "alerta" ante cualquier intento de los Gobiernos británico y gibraltareño de introducir el derecho de autodeterminación en la Constitución local del Peñón.
La delegación española en el Foro tripartito de Diálogo suscitó su preocupación por el hecho de que "alguno de los elementos" de la reforma constitucional pudieran afectar a la cuestión de la soberanía del Peñón. "España no se mete 'per se' en lo que Gibraltar reforme o deje de reformar de su Constitución porque es un asunto interno entre los gibraltareños y británicos el cómo regulan el estatus interno", subrayaron fuentes gubernamentales a Europa Press en primer lugar.
Sin embargo, si esa reforma contiene elementos "que tuvieran derivaciones en el ámbito de la soberanía y que pudieran tocar lo establecido en el Tratado de Utrecht, entonces ahí es donde España tiene que estar alerta ahora, antes y en el futuro", precisaron a continuación.
El Departamento de Miguel Ángel Moratinos recordó que el Tratado de Utrecht de 1713 establece que si Reino Unido renuncia a su soberanía sobre el Peñón, entonces España tiene "la primera opción" a la hora de reclamar su retrocesión. Por ello, "todo lo que sea incidir en ese precepto, nos causa preocupación", hicieron hincapié.
"Si es una mera reforma interna, eso no nos importa tanto. Lo que más nos importa es que toque el meollo de la soberanía, es decir, el que esta reforma tenga consecuencias en el derecho de autodeterminación", insistieron.
DOS REFERENCIAS EN EL BORRADOR
El borrador de reforma de la Constitución de Gibraltar que negocian el Gobierno británico y el Peñón desde diciembre de 2004 incluye en la actualidad dos referencias al derecho de autodeterminación, tanto en el preámbulo como en el primer artículo del texto.
En este sentido, las autoridades gibraltareñas propusieron a Londres un cambio en el preámbulo en el que se haga hincapié en el hecho de que las modificaciones a la Constitución mediante un posterior referéndum local, es "un acto de autodeterminación" que permitiría el "máximo nivel posible de autogobierno" para el Peñón. Esta última expresión es la principal exigencia de Naciones Unidas para bendecir la descolonización de un territorio colonial.
En segundo lugar, el capítulo primero modificado subraya la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo la referencia de la Convención Internacional de Derechos Políticos y Sociales de la ONU que estipula que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación.
Este convenio ha sido firmado y ratificado por España y Reino Unido, y además se menciona dentro de la Constitución de las Islas de las Malvinas, por lo que los gibraltareños reclaman a Londres el mismo derecho.
LA REFORMA SE INICIÓ EN 1999
La Asamblea local gibraltareña creó en 1999 una comisión específica para la reforma con cinco miembros, tres del Ejecutivo de Peter Caruana y dos de la oposición liberal-socialista. En febrero de 2002, la propia Asamblea aprobó por unanimidad la propuesta de reforma constitucional con las dos citadas referencias a la autodeterminación, aunque Caruana no la envió a Londres para su negociación hasta diciembre de 2003.
El siguiente paso por parte de la Roca fue la formación del Comisión que negociaría con Londres la propuesta de reforma. En esta ocasión, fueron nueve los miembros elegidos --tres del Gobierno (entre ellos Caruana), dos de la oposición y cuatro personalidades de Gibraltar; de los que uno falleció recientemente--, que son los que viajan hoy a Londres.
Dicha Comisión ha mantenido dos reuniones desde entonces (en diciembre de 2004 y, la última, en septiembre de 2005) con los representantes del Gobierno británico encabezados por Dominick Chilcott, quien dirige igualmente la delegación de Londres en el Foro tripartito de Diálogo con España, en el que se discuten asuntos de interés común para la colonia y la región española del Campo de Gibraltar como el uso conjunto del aeropuerto, las pensiones de los ex trabajadores españoles o las telecomunicaciones del Peñón.
En ambas reuniones se constató que las cuestiones de modernización interna de Gibraltar no plantean problemas para Londres, pero sí aquellas de índole político como las citadas referencias a la autodeterminación. Por este motivo, Caruana viajó a finales de enero a Londres para abordar este asunto con Straw.
Mientras que la oposición gibraltareña ha dejado claro que no aceptará una reforma de la Constitución que no acepte la descolonización del Peñón, el Ejecutivo de Caruana coloca al mismo nivel los beneficios de una modernización interna de la Administración local, un punto en el que España no tiene objeciones.
