MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Corea del Sur ha descartado este jueves negociar con el sector sanitario y ha reafirmado su postura en relación con la ampliación del número de plazas en las facultades de Medicina del país a pesar de la continuada huelga de médicos residentes, que está provocando cancelaciones y retrasos en las citas para consultas y operaciones.
"No hay ningún caso en el que el Gobierno haya entablado negociaciones con un grupo profesional específico en relación con la cuota de matriculación", ha declarado el viceministro de Sanidad, Park Min Soo, en declaraciones a la prensa. "El Gobierno no puede responder a quienes amenazan con poner en peligro la vida de los pacientes si no entablamos conversaciones", ha dicho, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.
La huelga, que se ha prolongado durante casi cuatro semanas, ha sido secundada por más de un 90 por ciento de los médicos residentes, que han dejado de acudir al trabajo para protestar por la decisión del Gobierno de incrementar en 2.000 las plazas en las facultades.
El plan prevé asignar el 20 por ciento de estas nuevas plazas a las facultades de Seúl, mientras que el 80 por ciento restante quedará en manos de otras regiones. No obstante, los médicos han amenazado con presentar su dimisión en masa a medida que reivindican que se añada un menor número de plazas, unas 350.
Las protestas han paralizado en gran medida los servicios sanitarios en cinco grandes hospitales de Seúl, que dependen en gran medida de los médicos en prácticas.
No obstante, las autoridades han anunciado que invertirán fondos para ayudar a los principales hospitales de otras regiones a aumentar sus capacidades sanitarias y poder igualar así la atención en los cinco hospitales generales de la capital surcoreana.
Los sanitarios sostienen que ya hay suficientes facultativos y que aumentar la cuota de estudiantes de Medicina generaría costes médicos innecesarios y conllevaría un empeoramiento de la calidad de la formación.
Además, afirman que el plan no aborda problemas como la sobrecarga de trabajo, la falta de protección jurídica y la falta de incentivos para los médicos especializados en pediatría y otros servicios sanitarios esenciales.
