EL CAIRO, 9 Jun. (Reuters/EP) -
El Gobierno egipcio ha restado importancia este martes al informe de la organización Human Rights Watch (HRW) que acusaba al gabinete del presidente, Abdelfatá al Sisi, de haber aumentado las violaciones a los Derechos Humanos, asegurando que el texto está politizado y carece de objetividad y precisión.
La ONG publicó el lunes un informe con motivo del primer aniversario de Al Sisi en el poder, en el que aseguraba que durante este tiempo se han incrementado los abusos a los Derechos Humanos y se ha producido una escalada de la violencia perpetrada por grupos armados y por el Gobierno. El informe también acusaba a las potencias occidentales de mirar para otro lado ante dichos abusos.
"El informe está politizado y falta a los principios básicos de precisión y objetividad", ha afirmado a través de un comunicado el ministro de Exteriores egipcio. El ministro ha citado también al portavoz de su Ministerio asegurando que HRW no cuenta con credibilidad entre la opinión pública egipcia y acusando a la organización de difundir mentiras.
El titular de Exteriores ha afirmado que HRW puso a Egipto en su punto de mira desde el 30 de junio de 2013 --cuando el Ejército derrocó al presidente electo Mohamed Mursi-- y que está llevando a cabo una "campaña sistemática" contra el país africano.
Al Sisi fue elegido presidente el año pasado, después de las enormes protestas en su contra que se produjeron tras el derrocamiento de Mursi. Las autoridades egipcias han encarcelado a miles de miembros de los Hermanos Musulmanes y los juzgados han dictado cientos de sentencias de muerte desde entonces. Las fuerzas de seguridad también han acabado con la vida de cientos de seguidores de los Hermanos Musulmanes.
Los militantes también han aumentado los ataques contra los militares y la Policía, matando a cientos de personas. El grupo más activo, Provincia del Sinaí, ha prometido lealtad al Estado Islámico y ha mostrado su deseo de derrocar al Gobierno de El Cairo.
Egipto ha afirmado que los Hermanos Musulmanes, ya prohibidos, constituyen una amenaza a la seguridad nacional. Las autoridades no hacen ninguna distinción entre los militantes violentos y la organización, que niega cualquier vínculo con los episodios de violencia. Varios activistas seculares también han sido arrestados por violar las leyes antimanifestación. La autoridades, sin embargo, continúan negando las acusaciones de abusos contra los Derechos Humanos.
