Resalta que el informe filtrado "está lleno" de "errores", "omisiones" y "conclusiones sin pruebas"
MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Nigeria ha reiterado este martes que no hubo una "masacre" de manifestantes en Lagos en octubre de 2020 y ha indicado que el informe del panel de investigación recientemente filtrado es "falso", en medio de las peticiones para que haya una rendición de cuentas.
"No hay absolutamente nada en el informe que está circulando que nos haga cambiar de opinión sobre que hubo una masacre en Lekki el 20 de octubre de 2020", ha dicho el ministro de Información nigeriano, Lai Mohammed.
"Sin pelos en la lengua, nunca ha habido en la historia de un panel judicial en este país un informe tan lleno de errores, inconsistencias, discrepancias, especulaciones, insinuaciones, omisiones y conclusiones no fundamentadas en pruebas", ha criticado.
Así, ha argumentado que "lo que está circulando en el espacio público es una repetición de las noticias falsas no verificadas que circulan en redes sociales desde los incidentes de octubre", tal y como ha recogido el diario nigeriano 'Daily Post'.
"Es simplemente increíble que un panel judicial creado para investigar un incidente entregue un informe cargado de las mismas acusaciones que tenía que investigar", ha dicho Mohammed.
En este sentido, ha hecho hincapié que "en lugar de reunirse durante un año, el papel podría haber recopilado los cuentos chinos sobre el incidente en redes sociales y haberlos presentado, ahorrando dinero de los contribuyentes y el tiempo de todos".
"El informe no es otra cosa que el triunfo de las noticias falsas y la intimidación de la mayoría silenciosa por parte de una banda de linchamiento vociferante", ha señalado, en la que supone la primera reacción de alto nivel por parte del Gobierno ante el informe publicado la semana pasada.
De esta forma, ha cargado además contra la "cobarde filtración de un informe no firmado" y ha agregado que "si se asume que el documento tiene algo de cierto, es fundamental reconocer que el documento de un panel así no tiene valor hasta que la autoridad emita un 'documento blanco' y lo incluya en el Diario Oficial".
"Por lo tanto, es demasiado pronto para que cualquier persona o entidad intente castigar al Gobierno y a sus agencias o funcionarios a partir de un documento no oficial ni validado", ha remachado el ministro de Información nigeriano.
EL INFORME
El documento filtrado resalta que el comité de investigación describió la represión de las protestas contra la violencia policial en Nigeria como "una masacre" por parte de los militares.
El informe choca frontalmente con las negativas emitidas por el Gobierno y el Ejército sobre el papel de militares del Batallón 65, acantonado en el campamento de Bonny y liderado por Sanusi Ovada Bello, sobre excesos y crímenes contra los manifestantes.
El panel acusó al Ejército y la Policía de intentar ocultar lo sucedido y resaltó que no había "justificación" para el despliegue de militares en una protesta pacífica. Asimismo, dijo que los soldados impidieron incluso que los heridos recibieran atención médica, lo que pudo aumentar el número de fallecidos.
Por otra parte, el informe carga contra la Compañía Concesionaria de Lekki, que gestiona el puesto, por "negarse a dar alguna información y pruebas útiles y vitales, tal y como había pedido el panel y el experto forense designado por el mismo, a pesar de que estos datos estaban disponibles, según la propia compañía".
En esta línea, acusó a la empresa de manipular los vídeos de las cámaras de seguridad, algo que fue denunciado por activistas y manifestantes poco después de los sucesos, durante los cuales se apagaron las luces en la zona y se desactivaron estas cámaras de seguridad.
Las movilizaciones arrancaron semanas antes para protestar contra los abusos del controvertido Escuadrón Especial contra el Robo (SARS), ya disuelto, tras la publicación de un vídeo en el que miembros de este grupo golpeaban hasta la muerte a un hombre en la ciudad de Ughelli, en el estado de Delta.
A pesar de su disolución, las protestas continuaron para reclamar una reforma en el seno de las fuerzas de seguridad y que los responsables de abusos fueran juzgados.
Las autoridades nigerianas anunciaron inmediatamente después de la disolución del SARS la creación de una nueva unidad --Unidades y Tácticas Especiales (SWAT)-- para "llenar los huecos" dejados por el SARS y agregaron que los agentes desmovilizados recibirían "entrenamiento y reorientación antes de ser redesplegados para tareas policiales generales".
