MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Guatemala ha dado a la ONU un plazo de 48 horas para enviar a un nuevo jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión de la ONU para investigar la corrupción en el país centroamericano muy criticada por el presidente, Jimmy Morales.
"El presidente de la República me instruyó remitir nota diplomática a la Secretaría General de la ONU para que proceda a enviar, en las próximas 48 horas, las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado de la CICIG", ha explicado la ministra de Relaciones Exteriores guatemalteca, Sandra Jovel, en rueda de prensa difundida por redes sociales.
Jovel ha recordado que el candidato "deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala" que podrá entrar en el país una vez se ratifique su nombramiento por parte del Gobierno de Morales. En cambio, el actual jefe de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, no podrá entrar en Guatemala.
"Es importante hacer la salvedad que el ciudadano colombiano, Iván Velásquez Gómez no ingresará al territorio nacional", ha apostillado el ministro de la Gobernación, Enrique Degenhart, en la misma rueda de prensa. La medida contradice la decisión del Tribunal Constitucional de Guatemala, que el domingo falló de forma unánime ordenar que se levante el veto en su contra para que éste pueda regresar al país.
Esta es la segunda vez que la corte revoca una decisión de Morales. En septiembre de 2017, el mandatario también intentó expulsar al jefe de la CICIG y declararlo persona non grata, pero la corte no lo permitió.
Jimmy Morales anunció a finales de agosto que no renovaría el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y ordenó en una carta con fecha del 3 de septiembre que las autoridades migratorias no permitiesen la entrada en Guatemala del jefe de este organismo, Iván Velásquez, a quien acusa de atentar contra el orden y la seguridad pública.
La decisión ha provocado ya importantes movilizaciones de indígenas y organizaciones sociales en contra de Morales y apra parar dos iniciativas en el Congreso: una que quiere darle potestad sobre los desafueros al Legislativo --dominado por los aliados de Morales-- y otra que busca permitir a los casi 80 diputados tránsfugas del oficialismo adherirse a un nuevo partido político para las elecciones del próximo año.
La Fiscalía y la CICIG han intentado en varias ocasiones retirar la inmunidad al presidente para que pueda ser procesado por la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de 2015. La última vez fue el pasado 11 de agosto, pero todavía no lo han conseguido.
La exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana, que abandonó el cargo el pasado mes de mayo, alertó entonces en una entrevista con Europa Press de que las maniobras de Morales para echar a la CICIG eran para frenar las investigaciones en su contra porque este mecanismo de la ONU "ha sido una herramienta fundamental" contra la corrupción en Guatemala.
El tándem formado por la Fiscalía y la CICIG ya dio la batalla con el anterior Gobierno. Otto Pérez Molina tuvo que dimitir el 2 de septiembre de 2015 --cuatro días antes de las elecciones presidenciales-- por un escándalo de defraudación aduanera. Él, su antigua vicepresidenta y otros ex altos cargos están siendo juzgados por ello.
La CICIG se creó por virtud de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU que entró en vigor en 2007 para un periodo de dos años que se ha prorrogado cinco veces. La última prórroga expirará el 3 de septiembre de 2019, por lo que la CICIG cuenta con un año para "hacer la transferencia de las capacidades técnicas a las instituciones guatemaltecas".
