HRW denuncia que el Gobierno chino manipula la amenaza terrorista para justificar la represión de los 10 millones de uigures de Xinjiang
MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha pedido este martes ha China que "revise radicalmente" su nuevo proyecto de ley de lucha contra el terrorismo asegurando que es poco más que "una licencia para cometer abusos contra los Derechos Humanos".
La ley establecerá un nuevo organismo de lucha contra el terrorismo, una organización que tendrá el poder para calificar como terroristas tanto a grupos como a personas sin pasar antes por un proceso concreto.
Según ha explicado la ONG, la definición de terrorismo en la que se basa el proyecto incluye "el pensamiento, el habla, o el comportamiento" que intenten "subvertir el poder del Estado", "incitar al odio étnico" o "dividir el Estado". Teniendo en cuenta que la mayor parte de los disidentes chinos que han sido detenidos han sido acusados por subversión y/o separatismo, con la aplicación de esta nueva ley serían juzgados y tratados como terroristas. La organización ha subrayado que "en los últimos tres años, cientos de personas han sido asesinadas por las fuerzas del orden en lo que las autoridades afirmaron eran operaciones de contraterrorismo".
Por ello, la directora de Human Rights Watch en China, Sophie Richardson, ha exigido que se modifique dicho proyecto de ley para que se amolde al Derecho Internacional y a la protección de los Derechos Humanos y ha denunciado que "en su forma actual esta ley es poco más que una licencia para cometer abusos contra los derechos humanos".
"Estas violaciones son evidentes en todo el país y en particular en la región autónoma de Xinjiang, de la etnia uigur, la más afectada por los actos de terrorismo y por la violencia política en los últimos años", ha concretado HRW.
"En China se han visto ataques atroces sobre las personas y el Gobierno tiene el deber de responder y proteger a la población". "Tiene que respetar los derechos, no construir una nueva arquitectura de vigilancia", ha criticado Richardson en un comunicado.
CONTROL DE LA INFORMACIÓN Y DEL MOVIMIENTO
La ley, según ha explicado HRW, exige que todos los proveedores de telecomunicaciones y servicios de internet informen al Gobierno para prevenir la propagación de contenidos relacionados con el terrorismo.
Además, en las zonas comunes habrá equipos de reconocimiento facial, unos sistemas que la ONG denuncia que vulneran la privacidad de las personas y que "fácilmente pueden usarse para fines personales o políticos".
En su defensa, China ha hecho hincapié en que se está enfrentando a una lucha seria y compleja contra el terrorismo. Cientos de personas han muerto en los últimos dos años por los disturbios y enfrentamientos en Xinjiang, donde el Gobierno ha culpado directamente de impulsar la violencia a los musulmanes iugures que quieren establecer un Estado independiente llamado Turkestán Oriental, mientras que ellos denuncian que el Ejecutivo viola sus derechos culturales y religiosos.
De hecho, diversos grupos defensores de los Derechos Humanos y grupos de exiliados han culpado reiteradamente al Gobierno, asegurando que son sus políticas represivas las que avivan el resentimiento entre la población musulmana uigur de Xinjiang.
El 1 de marzo de 2014, en uno de los incidentes más graves hasta la fecha, ocho hombres y mujeres con cuchillos atacaron la estación de tren de Kunming, en la provincia de Yunnan, matando a 29 personas e hiriendo a 143. Al mismo tiempo, HRW denuncia que el Gobierno chino ha manipulado la amenaza terrorista para justificar la represión de los 10 millones de uigures de Xinjiang. Violaciones que la ONG asegura haber documentado y que van desde la negación de sus derechos políticos, culturales y religiosos, hasta la tortura y las desapariciones forzadas.
El Ejecutivo chino ha defendido su legislación antiterrorista asegurando que cumple las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedían a los países que tomasen medidas para combatir y fortalecer su cooperación contra el terrorismo. Sin embargo, tales resoluciones también piden que las medidas que se tomen respeten los Derechos Humanos.
