MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) ha valorado el estado de excepción decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera en la región de La Araucanía como "un nuevo fracaso del Estado", al tiempo que ha señalado que la medida "representa incapacidad de hacer prevalecer los caminos del diálogo".
"Representa un fracaso que el Estado de chile termine involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI)", ha indicado el INDH en un comunicado, en el que también ha tildado de "fracaso" del Estado y la sociedad que "se cometan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables".
A juicio del organismo, "el único camino" para abordar "la grave crisis" que atraviesa la Macro Zona Sur chilena es "el diálogo". Asimismo, ha considerado que la Convención Constitucional, que se encarga de la redacción de una nueva Constitución para el país latinoamericano, tiene "la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en que se funde la paz y la justicia" en el sur de Chile.
Piñera ha decretado el estado de excepción en la región ante el aumento de violencia e implica la militarización de la zona. El decreto aprobado se aplica a las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, y tendrá una vigencia de 15 días.
Mientras esté vigente el estado de excepción, se "permite que las Fuerzas Armadas colaboren, pero no que reemplacen a las Fuerzas de Orden y Seguridad, es decir, a Carabineros y la Policía de Investigaciones y, por lo tanto, no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial", detalló Piñera.
La Araucanía es la región chilena con mayor concentración de indígenas mapuche, que desde hace años exigen la devolución de sus tierras ancestrales y denuncian un hostigamiento por parte del Ejecutivo.
Las autoridades han negado en repetidas ocasiones estas acusaciones y, por el contrario, han apuntado a los nativos como los responsables de numerosos incidentes violentos en la zona, como ataques a fincas y a sus propietarios.
El Gobierno de Sebastián Piñera ha calificado la situación de "guerrilla" y ha acusado en numerosas ocasiones a los indígenas de ser terroristas. Además, se ha personado como acusación particular en varios casos en su contra.
