GINEBRA, 6 Nov. (EP/AP) -
El experto de la ONU para Derechos Humanos e investigador especial sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy urgió hoy a las autoridades iraquíes a no ejecutar la sentencia por la que el ex presidente iraquí Sadam Husein fue condenado a la pena capital por ahorcamiento y pidió la constitución de un Tribunal Internacional para bien volver a juzgarle o tramitar su recurso de apelación.
Un día después de conocer la sentencia condenatoria a Sadam del Tribunal Especial Iraquí que lo juzgó, Despouy criticó la equidad del juicio en cuanto a "principios y estándares internacionales de Derechos Humanos" y abogó por la creación de una Tribunal Internacional, independiente e imparcial, respaldado por un cuerpo judicial global.
En este sentido, también subrayó que la muerte de un juez, cinco candidatos a juez, tres abogados de la defensa y un funcionario del Tribunal, entre otros, pueden haber influido de manera negativa en el transcurso del juicio.
En este sentido, Despouy advirtió que ahorcar a Sadam representaría "un serio retroceso legal para el país" además de contrarestar el creciente esfuerzo internacional por abolir la pena capital y asimismo, mostró su preocupación por las consecuencias de la sentencia sobre la --ya de por sí-- volátil situación en Irak.
"Está claro que la sentencia y su posible aplicación contribuirán a agravar la violencia armada y la polarización política y religiosa en Irak, trayendo consigo el riesgo certero de que la crisis se extenderá a la región entera", admitió Despouy en un comunicado.
Asimismo, Despouy objetó que el Tribunal sólo tuviera competencia para juzgar a iraquíes y no los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas militares extranjeras durante la primera Guerra del Golfo en 1990 o los cometidos por las tropas lideradas por Estados Unidos a raíz de la invasión en Irak, en marzo de 2003, para derrocar al régimen de Sadam.
Despouy dudó sobre la legitimidad y credibilidad de un Tribunal creado durante la "ocupación", al estar compuesto por jueces elegidos durante la misma, incluidos jueces extranjeros y financiado principalmente por Estados Unidos. Además, el especialista en Derechos Humanos para la ONU denunció el hecho de combinar aspectos de la ley criminal internacional con otros pertenecientes a la legislación iraquí y que permiten la pena de muerte en el proceso judicial contra el ex dictador iraquí.
