De las más de 7.200 víctimas, el 87% son civiles y el 47% niños, según ICBL
MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los fondos para lograr un mundo libre de minas antipersona para 2025 alcanzaron una cifra récord en 2017 y, aunque el uso de estos artefactos se limita a unos pocos países y esencialmente a grupos armados no estatales, los niveles de víctimas continúan siendo muy elevados y estas reciben cada vez menos asistencia, según se desprende del último informe de la Campaña Internacional para Prohibir las Minas Antipersona (ICBL).
Así, en 2017 los donantes internacionales contribuyeron con 673,2 millones de dólares a la acción contra las minas en 38 países y otras tres áreas, el nivel más alto alcanzado en las dos décadas en las que se ha venido realizando el informe de ICBL, el 'Landmine Monitor'. A esto se suman los 98,3 millones movilizados por diez países para sus programas de desminado.
"La buena noticia aquí es el alto nivel de inversión internacional y nacional en la acción contra las minas, un testamento de la voluntad mundial de librar al mundo de ellas", ha destacado la directora de la sección de financiación del informe, Marion Loddo.
Según ha subrayado, esta cifra supone más de 200 millones más con respecto al año anterior si bien "lamentablemente el apoyo identificable concedido para asistir a las víctimas ha ido disminuyendo de forma continuada en los últimos años y ha llegado a niveles mínimos".
En lo que se refiere a las víctimas, en 2017 se contabilizaron un total de 7.239 víctimas de minas y otros restos explosivos de guerra, lo que incluye una cifra récord de víctimas de minas improvisadas (2.716), según el informe. La mayoría de este tipo de víctimas se produjeron en los conflictos activos en Afganistán y Siria, con 1.093 y 887 respectivamente.
De este total, 2.793 personas perdieron la vida, mientras que los civiles siguen representando la mayoría de las víctimas, un 87 por ciento en los casos en los que se conocía la identidad, y los niños suponen casi la mitad (47 por ciento).
Aunque el dato es inferior al registrado en 2016, cuando hubo 8.605 víctimas y 2.089 muertos, sigue manteniéndose en los niveles altos que comenzaron a constatarse en 2015, cuando hubo 6.967 víctimas.
"Debido al impacto inhumano de los conflictos surgidos recientemente, las minas terrestres y otros restos explosivos de guerra mortales están causando víctimas en cifras que no habíamos visto desde hace muchos años", ha destacado el responsable de víctimas y asistencia en el informe, Loren Persi.
"Los civiles representan de lejos la mayoría de las víctimas y estas siguen necesitando apoyo mucho después de que los conflictos pasan y las últimas minas son desactivadas", ha recordado. La ICBL ha advertido de que el número real de víctimas seguramente es significativamente superior ya que no siempre quedan registradas, sobre todo en países en conflicto.
Por otra parte, durante el año pasado se desminaron unos 128 kilómetros cuadrados y se destruyeron 168.000 minas terrestres, cifras ambas inferiores a los datos de 2016. Asimismo, Mauritania se convirtió en 2017 en el último país en ser declarado libre de minas.
Según ICBL, el uso actual de minas antipersona corresponde principalmente a grupos armados no estatales y el uso por parte de estados "sigue siendo un fenómeno relativamente raro y que solo corresponde a estados" que no han ratificado el Tratado para la Prohibición de las Minas Antipersona.
Así, Birmania fue el único país cuyas fuerzas gubernamentales colocaron minas antipersona en 2017. Frente a ello, según el informe, grupos armados no estatales colocaron estos artefactos en Afganistán, Birmania, Colombia, India, Nigeria, Pakistán, Tailandia y Yemen.
