GINEBRA, 28 Dic. (Reuters/EP) -
Naciones Unidas ha denunciado este jueves la violación masiva de los Derechos Humanos que ha sufrido una comunidad indígena no musulmana de la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, y ha alertado de que los abusos podrían intensificarse con la extensión de la ley marcial impuesta por el presidente del país, Rodrigo Duterte.
El Congreso de Filipinas aprobó el 13 de diciembre ampliar un año más la ley marcial en la isla de Mindanao tras la petición de Duterte, quien sostiene que la amenaza terrorista continúa siendo significativa. Duterte ha llamado a la isla un "foco para los problemas y para las atrocidades de los rebeldes islamistas y comunistas".
Algunos diputados de la oposición han manifestado que el movimiento de Duterte es un preludio para declarar la ley marcial en todo el país. Las voces críticas con la medida han señalado que un año es un plazo de tiempo excesivo y han expresado que la ley no cumple con los requisitos constitucionales para ser ampliada dado que no se está produciendo una nueva rebelión en la zona --tal y como estipula la Carta Magna filipina--.
"La militarización ha desplazado a miles de lumad --una comunidad indígena no musulmana-- y algunos han sido asesinados", han denunciado Victoria Tauli-Corpuz y Cecilia Jiménez-Damary, relatoras especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y los desplazados internos. "Están sufriendo abusos sistemáticos de los Derechos Humanos, algunos de ellos potencialmente irreversibles", han añadido.
"La situación podría deteriorarse más si la extensión de la ley marcial hasta el final de 2018 supone una mayor militarización", han alertado. Filipinas está obligado, según el Derecho Internacional, a proteger a los pueblos indígenas y a garantizar que los abusos contra los Derechos Humanos se persiguen y se procesan. "Esto incluye asesinatos y ataques supuestamente llevados a cabo por miembros de las fuerzas armadas", han matizado.
Expertos de la ONU estiman que, desde octubre, se han desplazado al menos 2.500 lumads. Además, han denunciado que las fuerzas de seguridad asesinaron el 3 de diciembre a granjeros de la misma comunidad en Baragay Ned, en la provincia de Cotabato del Sur.
Las relatoras han reconocido su temor ante la posibilidad de que "algunos de estos ataques estén motivados por las sospechas infundadas de que los lumads están involucrados con grupos terroristas, o por su resistencia a las actividades mineras en sus tierras ancestrales",
El portavoz de Duterte, Harry Roque, declaró que la extensión de la ley marcial es necesaria "para sofocar a los terroristas que llevaron a Marawi y a las comunidades vecinas a la destrucción". La ley ha sido establecida "en base a la evaluación de seguridad por parte de nuestros comandantes de tierra", agregó Roque en un comunicado.
