BOGOTA, 29 Jul. (Reuters/EP) -
Expertos en Derechos humanos de Naciones Unidas han pedido al Gobierno de República Dominicana que termine con las deportaciones arbitrarias de inmigrantes haitianos y de dominicanos de padres nacidos en Haití, y que haga frente a las denuncias de discriminación racial durante las expatriaciones.
Una nueva ley de inmigración dominicana que entró en vigor en junio establece que cualquier persona sin documentos --la mayoría de ellos inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana-- debe registrarse para el permiso de residencia en virtud e un programa de "regularización".
El Ejecutivo dominicano ha anunciado que no habrá más deportaciones masivas y/o ilegales, pero ha advertido que aquellos que no se registren y no tengan documentos de identidad correrán riesgo de ser expulsados. Desde el 21 de junio, 19.000 personas han entrado en masa por la frontera de Haití en medio de temores de acoso y deportación, la cual comienza oficialmente en agosto, según un comunicado de la ONU.
"Nadie debería ser deportado cuando hay razones legales y válidas para que se quede", ha criticado Mireille Fanon Mendes-France, una portavoz de Naciones Unidas. "Los inmigrantes tienen derecho a la protección y los dominicanos descendientes de haitianos tienen derecho a residir de forma segura en el territorio, así como los niños nacidos en República Dominicana que están registrados legalmente", ha añadido.
Las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos han comentado que la propuesta está inspirada en años de racismo y xenofobia en República Dominicana hacia los haitianos de piel oscura. Los expertos de la ONU han avisado de que las dificultades para obtener la documentación para la regularización y la falta de información sobre las deportaciones "han inculcado miedo".
Además, han pedido a las autoridades dominicanas que pongan en marcha leyes y otras medidas que combatan la discriminación contra las personas descendientes de haitianos. "República Dominicana no reconoce la existencia de un problema estructural de racismo y xenofobia, pero debe enfrentar estas cuestiones de carácter prioritario de manera que el país pueda vivir libre de miedo y tensiones", ha explicado Mendes-France.
LA SENTENCIA DE 2013
Los expertos en Derechos Humanos han advertido que la ley podría afectar a cientos de miles de inmigrantes y a un gran número de dominicanos con padres haitianos que perdieron la ciudadanía después de una sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional criticada por la comunidad internacional.
El fallo de 2013 revocó el derecho de ciudadanía de extranjeros nacidos en República Dominicana, afectando a los hijos de inmigrantes haitianos de nacionalidad dominicana, que quedaron apátridas, sin ningún Estado que los reconociese como sus ciudadanos. Esta sentencia, junto con la reciente represión a los inmigrantes, ha elevado las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Haití y República Dominicana.
El Ejecutivo dominicano ha informado que los cambios de sus leyes de nacionalidad tienen el objetivo de plantar cara a décadas de inmigración ilegal desde Haití. Ocho de cada diez inmigrantes, la mayoría de Haití, viven ilegalmente en República Dominicana, según la web presidencial dominicana.
Ambos países tienen su territorio en la isla caribeña La Española, por lo que, durante años, cientos de miles de haitianos han cruzado al país dominicano para escapar de la violencia política, en busca de una vida mejor y para encontrar un refugio tras el terremoto de 2010 que arrasó la capital, Puerto Príncipe. Muchos trabajan como mano de obra barata en la construcción, la agricultura o labores domésticas.
