KAMPALA, 6 Ago. (Reuters/EP) -
El Parlamento de Uganda ha aprobado este martes una controvertida ley sobre orden público que amplía los controles de las autoridades sobre las manifestaciones y que, a ojos de opositores y organizaciones pro Derechos Humanos, supone un intento por silenciar toda disidencia al presidente Yoweri Museveni.
Una portavoz parlamentaria, Helen Kawesa, ha confirmado el visto bueno a esta ley, según la cual la Policía tendrá que estar advertida de cualquier manifestación que se celebre. Además, el Gobierno se reserva mayores poderes para reprimir las concentraciones si considera que existen dudas "razonables".
Uno de los principales diputados opositores, Winifred Kiiza, ha denunciado intimidaciones por parte de legisladores afines al Gobierno contra quienes no querían apoyar esta ley "insana".
Una portavoz de Human Rights Watch, Maria Burnet, ha declarado que la nueva normativa es "un golpe devastador para las libertades de expresión y reunión en Uganda". "Con esta ley en vigor, cualquier manifestación pacífica y espontánea de más de tres personas será un acto criminal", ha criticado en un comunicado.
En la misma línea, Amnistía Internacional ha considerado que la nueva ley persigue acallar la disidencia en un país que ya de por sí castiga a quienes "critican públicamente al Gobierno".
Las autoridades ugandesas han detenido en varias ocasiones al principal líder opositor del país, Kizza Besigye, por incitar a la violencia al convocar manifestaciones. El Ejecutivo ha llegado a calificar las detenciones de Besigye como arrestos "preventivos".
En mayo, las autoridades cerraron dos emisoras de radio y el periódico más vendido, el 'Daily Monitor', por informar de la posible sucesión de Museveni. Los medios reprendidos no pudieron volver a funcionar con normalidad hasta que no aceptaron una serie de restricciones impuestas por el Gobierno.
