El Gobierno cuestiona la opinión de quien ha estado "al margen" más de una década y reivindica la efectividad de la medida
LONDRES, 6 Jun. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Eva Martínez Millán) -
El ex primer ministro británico John Major se ha sumado a las voces críticas con la intención del Gobierno de ampliar de 28 a 42 días el plazo de detención sin cargos por considerar que se trata de un "sacrificio que no está justificado" y se mostró convencido de que, en lugar que contribuir al desarme de tramas antiterroristas, incentivará el "reclutamiento" de las organizaciones violentas.
En un artículo en el diario 'The Times', el último conservador que residió en el número 10 de Downing Street advirtió de que "defender los valores propios de la manera que la violencia lo hace" conlleva el "riesgo de perder esos valores" y alertó: "Aún peor, si nuestros propios principios caen, servirá para reclutar terroristas de una forma más efectiva que la que hubiesen esperado nunca con su propaganda".
Las críticas de Major representan uno de los mayores ataques del ex mandatario a un Gobierno laborista desde su salida del poder y se producen a menos de una semana de la decisiva votación del miércoles en el Parlamento, que el Gobierno no tiene asegurada puesto que al menos unos 30 laboristas mantienen su oposición pese a las garantías transmitidas esta semana por la ministra de Interior, Jacqui Smith, en una reunión para intentar evitar la primera derrota en los Comunes del mandato de menos de un año de Gordon Brown.
Así, el político 'tory' consideró que la ley "va más allá de cualquier cosa contemplada cuando Gran Bretaña afrontaba de lejos más habituales, y no menos violentos, asaltos del IRA", uno de los cuales lo afectó personalmente, puesto que sobrevivió a un atentado de los paramilitares del Ulster perpetrado cuando ostentaba el cargo de primer ministro.
En consecuencia, añadió que "la justificación --de los 42 días-- se ha vuelto alarmista" y acusó a los laboristas de intentar erigir un "Estado intrusivo con tendencias autoritarias". "Este no es un Reino Unido que reconozca y el Parlamento no debería aceptarlo", concluyó, en un contexto en el que la oposición de conservadores y liberal demócratas sumada al rechazo de unos 30 laboristas dejaría el futuro de la ley en manos de los nueve diputados del Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés).
RÉPLICA
No obstante, el Gobierno cuestionó la legitimidad de las críticas de quien ha estado "al margen" desde que Tony Blair lo desalojó de la residencia oficial en las elecciones de 1997, según recordó en declaraciones a la BBC el secretario de Estado de Seguridad, Tony McNulty, quien instó a los parlamentarios a priorizar los criterios de responsables policiales de entidad, entre los que aludió al anterior responsable de la lucha antiterrorista de la Policía Metropolitana, Peter Clark.
"Pediría a la gente que simplemente escuche y confíe en los Peter Clarks de este mundo más que en alguien como John Major, que ha estado al margen alrededor de diez años", declaró, tras lo que rechazó que las contraprestaciones ofrecidas para ganar el favor de las filas laboristas conviertan la ley en ineficaz. "Hemos escuchado y creemos que es todavía factible en esas extraordinarias circunstancias" en las que el Gobierno se ha comprometido a aplicarla, concluyó.
