LONDRES, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha apelado a impedir la deportación de un supuesto terrorista jordano que podría enfrentarse a la tortura y a un juicio de dudosa legalidad en caso de ser enviado a su país, pese a las promesas de las autoridades que garantizan un trato humanitario y un proceso limpio en los tribunales.
El caso de Omar Othman, un clérigo radical conocido como Abu Qatada que contaría con vínculos con Al Qaeda, será abordado mañana en la Cámara de los Lores a raíz de la apelación presentada en torno a si son suficientes las garantías ofrecidas por Jordania, incluidas en un Memorándum de Entendimiento entre ambos países que, a juicio de la organización, resulta "inaplicable".
La consejera jefa del departamento antiterrorista de HRW, Julia Hall, explicó en un comunicado que las "meras declaraciones no pueden proteger" a Othman "de la tortura" y explicó que, tras un proceso complejo de documentación, la plataforma ha tenido conocimiento de "prácticas brutales" de los servicios de Inteligencia entre las que se incluyen "palizas y amenazas de violación".
Además, añadió los riesgos de que el hombre se enfrente a episodios de abuso severo una vez trasladado al sistema penitenciario ordinario, en el que insistió en que tanto la tortura como "otras formas de trato abusivo son frecuentes". En este sentido, la práctica habitual mantiene el traslado de los presos tras un período de semanas o meses, en función de la evaluación de las fuerzas de seguridad.
FÓRMULAS CONTRA EL TERRORISMO
En este punto, HRW incidió en que la fórmula de luchar contra el terrorismo debe basarse en proceso limpios, "no enviar a la gente a lugares en los que corren el riesgo de ser torturados". "Si Abu Qatada es sospechoso de actividades criminales, debería ser sometido a un juicio justo en Reino Unido", aseveró.
Así, en abril de este mismo año el Tribunal de Apelaciones británico determinó que no podía ser enviado de nuevo a Jordania porque cualquier juicio allí implicaría el uso de pruebas obtenidas a partir de la tortura. Sin embargo, el Gobierno recurrió la decisión y llevó el caso hasta el Parlamento.
En este sentido, la Cámara de los Lores representa la máxima instancia a la que se puede recurrir en las islas y la propia organización remitió un informe en el que alertó del envío a Jordania. Además, criticó las propias carencias del fallo de la corte de Apelaciones, por no tener en cuenta para el caso las "deficiencias" del Memorándum de Entendimiento.
