LUXEMBURGO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) lograron hoy un acuerdo político sobre la normativa que determinará la legislación aplicable en casos de litigios transfronterizos surgidos a consecuencia de obligaciones no contractuales, un reglamento conocido como 'Roma II', que lleva encima de la mesa desde julio de 2003 y debe ahora pasar el trámite del Parlamento Europeo. Estonia y Letonia votaron en contra del texto.
Para que el proyecto de reglamento saliera hoy adelante en el Consejo, la Comisión Europea se comprometió a presentar un texto contemplando los casos específicos en los que un Estado miembro podría negociar de manera bilateral con otro Estado miembro criterios distintos a los contemplados en el instrumento comunitario.
El Ejecutivo comunitario ya se había visto obligado a retirar el capítulo relativo a la difamación, por la controversia que suscitaba con la prensa, y a mediados del pasado febrero presentó un nuevo documento revisado para facilitar el acuerdo de los Veinticinco.
Hoy, la presidenta en ejercicio del Consejo y ministra austriaca de Justicia, Karin Gastinger, mostró su "orgullo y satisfacción" al haber finalizado la "primera fase" del documento.
Con su propuesta, que también se hace eco de algunas enmiendas reclamadas por el Parlamento Europeo, la Comisión pretende asegurar que los tribunales de todos los Estados miembros aplican la misma ley en casos de litigios transfronterizos surgidos a consecuencia de obligaciones no contractuales, iniciativa que se centra en la responsabilidad civil en caso de daños causados a otros, como los accidentes de tráfico o los productos defectuosos.
La medida busca facilitar, en este sentido, el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales dentro del territorio comunitario. El comisario de Justicia, Franco Frattini, cree que esta propuesta es indispensable para conseguir un espacio de justicia europeo en el que la resolución de un litigio no dependa de la ubicación del tribunal que estudia el caso.
La Comisión precisa, asimismo, que la propuesta de reglamento no prevé la armonización de la base de las diferentes leyes nacionales, sino asegurar el reconocimiento mutuo de sentencias y la aplicación de los mismos criterios por parte de los tribunales.
Aunque aún quedan flecos pendientes en la propuesta de reglamento, la delegación española saludó el acuerdo de hoy al entender que establecer criterios comunes en materia de justicia "siempre es un avance".
OBTENCION DE PRUEBAS
Por otro lado, el Consejo de hoy se saldó sin acuerdo en lo referente a la orden europea de obtención de pruebas por las reticencias expresadas por Alemania, que planteó la necesidad de definir una lista más concreta de delitos, petición no aceptada por el resto de socios que bloqueó el acuerdo que requiere la unanimidad.
La Presidencia admitió que sería un objetivo "ambicioso" sacar adelante este asunto en el próximo consejo de ministros de Justicia que tendrá lugar el 2 de junio, pero que intentaría al menos avanzar de forma que pueda aprobarse bajo presidencia finlandesa. Un grupo de trabajo se encargará de analizar los escollos para poder contar con este instrumento de colaboración judicial.
Al respecto, Frattini no ocultó su malestar ante lo que calificó de falta de "voluntad política" para permitir a un magistrado disponer de pruebas obtenidas en otro Estado miembro. "El objetivo último es lograr que la justicia funcione en toda Europa y olvidar las rencillas y el deseo de mantener la soberanía sobre determinadas cuestiones", resaltó.
