BRUSELAS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Justicia de los Veintisiete pondrán mañana en marcha por primera vez el denominado mecanismo de 'cooperación reforzada' para sacar adelante una norma que regula la ley aplicable a los divorcios internacionales. Este procedimiento --cuya activación ha sido abanderada por España y otros ocho Estados miembros-- consagra la Europa a dos velocidades, es decir, que un grupo de países avanzará más rápido que el resto.
La norma sobre divorcio sólo puede aprobarse por unanimidad, pero Suecia ya ha anunciado que no levantará nunca su veto porque no quiere que un tribunal suyo aplique una ley de otro país. Su temor es que esta vía acabe sirviendo para introducir normas más restrictivas en materia de separación.
El resto de Estados miembros sí que están de acuerdo con esta legislación y llevan varios meses debatiendo la posibilidad de iniciar una cooperación reforzada, es decir, permitir que los países que quieran la apliquen y que los demás se queden fuera.
El Tratado establece que para activar una cooperación reforzada es necesario que 8 países lo pidan a la Comisión y que luego se apruebe por mayoría cualificada. Y de momento ya hay 9 países que han expresado su intención de solicitarlo: España, Rumanía, Hungría, Austria, Francia, Eslovenia, Italia, Luxemburgo y Grecia.
Además, Alemania, Portugal, Lituania, Bélgica y Eslovaquia están reflexionando sobre la posibilidad de sumarse a la petición. Ello significa que la Comisión estará obligada a pronunciarse. El vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, no quiso prejuzgar este jueves cuál será su respuesta y resaltó que el del divorcio es un tema "sensible".
La norma en cuestión permite a los cónyuges escoger la ley aplicable a su divorcio. En los casos en que no haya acuerdo entre los esposos sobre la ley aplicable, Bruselas propone una serie de criterios basados en la proximidad. En primer lugar, se dará prioridad a la normativa del país de residencia habitual. Si ya no viven juntos, a la del último lugar de residencia conjunta. Si nadie vive ya allí se aplicaría la legislación de la nacionalidad común de los cónyuges, y si son de países distintos, la del tribunal al que se acuda.
De acuerdo con los datos de Bruselas, cada año se producen en la Unión Europea 170.000 divorcios internacionales, cifra que representa alrededor del 20% del total. La norma no pretende en ningún caso armonizar las legislaciones nacionales sobre el divorcio, que son muy variadas. El caso más extremo es el de Malta, cuya legislación no permite el divorcio, aunque sí reconoce las sentencias de divorcio dictadas por tribunales extranjeros.
Los ministros de Justicia tienen previsto además aprobar una norma para reforzar el órgano europeo de cooperación judicial, Eurojust, que tiene sede en La Haya. Esta propuesta fue presentada en enero de 2008 por España, Eslovenia, Francia, República Checa, Suecia, Bélgica, Polonia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia, Estonia, Austria y Portugal.
Para reforzar Eurojust, la norma facilitará la transmisión de información a este órgano, armonizará los poderes mínimos que deben tener los representantes nacionales desplazados a La Haya, creará un mecanismo de coordinación de emergencia, reforzará la base nacional de Eurojust y facilitará la cooperación judicial con terceros países al permitir desplazar a magistrados de enlace.
