Venezuela notifica formalmente su retirada del Estatuto de Roma e inicia su salida "definitiva" del TPI

    MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

   El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha notificado formalmente este viernes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión "firme e irrevocable" de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada "definitiva" del Tribunal Penal Internacional (TPI).

   "Venezuela considera que la actuación de la corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Globa", ha indicado el ministro de Exteriores, Félix Plasencia González, en un mensaje publicado en redes sociales.

   En este sentido, ha explicado que este "patrón" por parte de la corte revela "una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía".

   "Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger", ha dicho Plasencia sobre una decisión que se ha tomado el virtud del artículo 127 del Estatuto de Roma.

    Por ello, Caracas ha rechazado dicha "dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir". Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", ha zanjado.

   La directora de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, ha recordado que esta medida "no borra sus obligaciones ni pone fin a la búsqueda de justicia", alegando que "ningún Estado puede utilizar su retirada del TPI como un escudo contra la justicia".

   "Esta es otra señal alarmante del rechazo continuo del Gobierno venezolano al escrutinio internacional y ahora se unen a los esfuerzos autoritarios por debilitar uno de los principales mecanismos de rendición de cuentas por los crímenes más graves del Derecho Internacional", ha expresado.

   Así, ha reiterado que "este tipo de decisiones no anulan las obligaciones jurídicas ya existentes ni afectan los procesos y responsabilidades derivados de hechos ocurridos mientras el Estado era parte del Estatuto de Roma".

   "Las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Ese derecho no desaparece por una decisión política. Por el contrario, este anuncio refuerza la importancia de proteger la independencia del TPI y de garantizar que los responsables de crímenes de derecho internacional rindan cuentas", ha argüido, instando al mundo a "responder con firmeza y "dejar claro que la impunidad nunca puede ser la respuesta".