TUZLA (BOSNIA), 3 Mar. (Reuters/EP) -
Hubo alrededor de 20.000 víctimas de violencia sexual durante la guerra de Bosnia, entre 1992 y 1995. A miles de supervivientes de la guerra, en especial los bosnios musulmanes o bosniacos, se les ha pasado la factura de las tasas de tribunales después de que la Justicia rechazara sus reclamaciones de reparaciones de guerra.
Muchos de estos bosnios no han podido obtener ayuda legal, carecen de trabajo y de buena salud, esto último debido a sus horribles experiencias en la guerra. Estos ciudadanos no son capaces de enfrentarse a las facturas que les llegan y aquellos que no las pagan se arriesgan a perder sus propiedades o parte de sus ganancias mensuales, si es que tienen alguna.
"En general, estas víctimas son extremadamente vulnerables y ahora están sufriendo un proceso de retraumatización al que será difícil poner remedio después", ha declarado Adrijana Hanusic-Becirovic, una abogada que trabaja para Trial International, una ONG que ayuda a las víctimas.
La raíz de este problema está en el fallo de Bosnia para promulgar una legislación de alcance nacional que proteja a las víctimas de tortura, lo que ha resultado en que las reclamaciones de reparaciones de guerra se resuelvan de manera diferente en sus dos regiones, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska.
Una de estas víctimas ha sido Bahira (nombre falso), que tenía 14 años cuando fue violada por un grupo de soldados serbobosnios que atacaron su pueblo, de mayoría musulmana, al principio de la guerra en Bosnia de 1990. La joven se libró por poco de ser ejecutada y se ha pasado las últimas dos décadas tratando de superar su trauma.
En su cumple en 2017, Bahira recibió una factura que ascendía a seis meses de la pensión de discapacidad gracias a la que vive. La mujer tenía que pagar las tasas judiciales por una reclamación para recibir reparaciones de guerra que abandonó hace años.
"Cuando vi que la factura tenía un valor de 1.500 euros y venía acompañada de una advertencia de que sería detenida a menos que la pagara, me desmayé", ha confesado Bahira. "Ese día, me traté de suicidar", ha añadido la mujer, que ahora tiene 40 años y dos hijos. Por suerte, Bahira tuvo suerte y contó con la ayuda legal de una ONG para reducir la factura a 306 euros, que pagó eventualmente.
MULTADO POR SEGUIR VIVO
Más de 100.000 personas perdieron la vida en el cruento conflicto étnico entre los serbios ortodoxos, los musulmanes bosnios y los católicos croatas. Cientos de miles se vieron obligados a abandonar sus hogares y unas 200.000 fueron obligadas a permanecer en campos, donde las palizas y las torturas eran habituales y donde el 10 por ciento moría estando bajo custodia, según Jasmin Meskovic, presidente de la asociación de prisioneros de guerra.
Meskovic, cuya organización ha ayudado a unas 30.000 personas a iniciar trámites legales desde 2007, ha manifestado que las reclamaciones de reparaciones de guerra fueron rechazadas en masa después de que el Tribunal Constitucional de Bosnia decidiese en 2014 reconocer en la legislación limitaciones de delitos de tortura.
Dicha ley subrayó una medida de la República Srpska que requería que, para recibir reparaciones de guerra, las víctimas presentaran una demanda antes de que se cumpliesen cinco años de la comisión del supuesto crímen.
El código de procesamiento civil fue modificado para introducir el pago tasas a los abogados y los fiscales de entre 1.022 y 5.112. Los tribunales de la federación aprobaron la misma enmienda.
Las autoridades han defendido que los tribunales exigen los pagos como una manera de recuperar los costes de evaluar aquellos casos que son rechazados. "Esto se ha convertido en una especie de chantaje", ha manifestado Meskovic. "El problema es que las víctimas (mayoriamente bosnias) que hayan vuelto a vivir en la República Serbia apenas llegan a fin de mes y luego vienen y confiscan sus propiedades, sus salarios y sus pensiones", ha añadido Meskovic.
El Comité de la ONU contra la Tortura, el Consejo de Europa y Amnistía Internacional han criticado a Bosnia por no tener un mecanismo de reparación nacional que se aplique, y han dicho que esto viola el Derecho Internacional.
Sin embargo, los intentos de aprobar leyes que pongan esto en marcha han sido bloqueados en numerosas ocasiones por los diputados serbios que han reclamado que las reparaciones de guerra se estudien en el marco regional y no en el nacional. Antes de la sentencia del Tribunal Supremo, sólo un pequeño número de víctimas consiguió que sus reclamaciones fuesen escuchadas y recibir una compensación.
La mayor parte de los campos de detención de la guerra estaban situados en lo que es hoy la República Srpska y las autoridades serbias temen que, si se aprueban las reclamaciones, los costes de las reparaciones de guerra pueden abrumar sus presupuestos.
La semana pasada, la Asamblea Nacional de la República Srpska aprobó una legislación preliminar sobre las reparaciones de guerra, pero los bosnios han defendido que les discrimina porque enumera muchas y muy pesadas condiciones para que los que no sean serbios se registren como víctimas de tortura.
"A uno le detienen, le pegan, sobrevive la tortura y 20 años más tarde, le someten a una nueva", ha criticado Behadil Dizdarevic, uno de los supervivientes de los dos campos de detención serbios que ha recibido una factura de 5.112 euros. "Estamos pagando lo que debemos por permanecer vivos", ha sentenciado.
