El 65% de los ayuntamientos y tres cabildos no se habían adherido a la Agencia tras seis años desde su puesta en marcha
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Cuentas de Canarias, en su informe de fiscalización de la Agencia de Protección del Medio Urbano (APMUN) en el ejercicio 2005, ha detectado presuntas irregularidades relacionadas con la contratación del personal, entre ellos, que en los expedientes de funcionarios que accedieron a su puesto de trabajo mediante concurso "no constaba ni la convocatoria de éste ni tampoco la resolución del nombramiento".
Rafael Medina, presidente de la Audiencia canaria de Cuentas, intervino esta mañana en comisión parlamentaria en la que detalló algunas verificaciones efectuadas sobre la gestión del personal con el que contaba la APMUN durante 2005, detectando que el registro de los contratos en la oficina de empleo relativos al personal laboral no se hacía en el plazo legalmente establecido, así como que en varios de los expedientes examinados se observó documentación que constaba y que no se correspondía con el interesado.
El máximo responsable de la Audiencia de Cuentas expuso, además, que se ha podido comprobar que las funciones que figuraban en relación a determinados puestos de trabajo hacían referencia "a tareas de taquigrafía, mecanografía o cálculo sencillo, labores éstas que, aunque vigentes, con la aparición de las nuevas tecnologías ya nadie realiza, en general, en la administración pública".
Igualmente, según recoge el informe, se comprobó que el director general había delegado la firma de la nómina en la titular de la unidad administrativa responsable de su confección, lo que motivaba que ésta suscribiera la nómina en virtud de la competencia propia que la norma le confiere y, al mismo tiempo, en virtud de la delegación que le hacía el director de la Agencia, no produciéndose, por lo tanto, una adecuada segregación de funciones. No obstante, conforme se ha puesto de manifiesto en las alegaciones formuladas, esto se ha subsanado a partir de agosto de 2007, señaló Medina.
En otro orden de cosas, el informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas a la APMUN detectó que a 31 de diciembre de 2006, es decir, tras seis años de actividad de la Agencia, el 61 por ciento de los ayuntamientos de Canarias "no había firmado el correspondiente convenio de adhesión, y en lo que respecta a los cabildos insulares, a esa misma fecha no estaban consorciados el Cabildo de Gran Canaria, de Lanzarote y de El Hierro, este último tras haber consorciado a la Agencia y separarse en 2005".
Rafael Medina aclaró que este hecho "tiene su reflejo en la composición de la asamblea y, en consecuencia, en la toma de decisiones así como en los recursos presupuestarios con los que debe contar". Además, hizo hincapié en que la Agencia "no ha podido asumir el ámbito competencia que le corresponde por delegación de las propias competencias de los cabildos insulares adheridos, en materia de flora, fauna, fuego, acampadas y circulación de vehículos en espacios naturales protegidos o zonas periféricas de protección". "De hecho, el consejo de la Agencia acordó suspender la efectividad de dicha delegación hasta el 1 de enero de 2010", añadió.
Entretanto, si se tiene en cuenta a los cabildos y ayuntamientos consorciados, el presidente de la Audiencia de Cuentas apuntó que se ha podido observar que existe "un incumplimiento sistemático en la mayoría de las corporaciones locales señaladas a la hora de aportar a la Agencia los recursos presupuestarios que le corresponden, en virtud del principio recogido en el apartado b) del artículo 24.1 de los Estatutos de la APMUN, que dispone que las administraciones consorciadas deberán sujetarse, en sus aportaciones, al principio de cofinanciación por tercios entre las administraciones autonómicas, insulares y municipales".
Por otro lado, la Audiencia de Cuentas ha puesto de relieve en su informe que la APMUN "no contaba en 2005 con las herramientas informáticas necesarias para garantizar una adecuada fiabilidad de la información registrada en sus bases de datos, lo que ha imposibilitado poder concluir y obtener evidencia suficiente, pertinente y válida en relación con la gestión realizada por la Agencia, en especial a lo que respecta al sistema de gestión de los expedientes sancionadores tramitados por la APMUN".
Además, Rafael Medina resaltó que en cuanto a la tramitación de los expedientes sancionadores llevada a cabo por parte del Servicio de Instrucción, de los 3.454 expedientes abiertos durante 2005 por el Servicio de Vigilancia Territorial, Ambiental y Actuaciones Previas, había incoado a 31 de diciembre de ese ejercicio "tan sólo un 3,6 por ciento; a 31 de diciembre de 2007, tan sólo se había incoado el 10,6 por ciento de ese total". Asimismo, la tramitación de los expedientes y la gestión de la información llevadas a cabo por la Agencia durante 2005 "era diferente en sus dos sedes, no contando por lo tanto con criterios homogéneos", agregó.
CAMBIO DE MODELO
Desde las filas socialistas, el diputado Blas Trujillo recalcó que el informe de fiscalización "llega con un determinado retraso", por lo que la fotografía de la Agencia "ha cambiado a lo largo de los últimos ejercicios". En cualquier caso, destacó algunos aspectos que continúan de forma negativa en el devenir de la APMUN, como es el caso de que el 61 por ciento de los ayuntamientos canarios no se habían adherido tras seis años de actividad de la Agencia, así como tres de los siete cabildos insulares. "Si a eso se une que de los 33 ayuntamientos sólo 5 abonan a la Agencia la parte presupuestaria que les toca y de los cuatro cabildos, ninguno, es obvio que está formula consorcial no está teniendo éxito a la hora de gestionar competencias comunes", opinó.
Por tanto, consideró que es momento de, "con tranquilidad", poner encima de la mesa "cómo gestionar el territorio y el suelo de una manera más eficiente y efectiva". "Pero parece que por el camino que vamos no funciona del todo bien", continuó.
Mientras, el diputado 'popular' Jorge Blanco secundó la intervención de Blas Trujillo y expuso que "sería deseable un cambio en el modelo existente en la APMUN", al entender que el modelo de consorcio "no es el más adecuado", una posición mantenida igualmente por el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel Barragán.
