LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La junta de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, formada por PSC-PSOE y Compromiso por Gran Canaria, ha aprobado hoy el convenio preparatorio para la revisión del Plan Parcial Tamaraceite Sur, lo que de hecho supone desbloquear el mayor proyecto de expansión de la ciudad tras siete años paralizado --desde el inicio del expediente-- por diversos procedimientos judiciales. La solución a esta parálisis ha permitido al Ayuntamiento ganar suelo para infraestructuras y servicios.
"Hemos intentado desbloquear este Plan Parcial por diversas vías", explica el concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández, que señaló que se ha alcanzado "un principio de acuerdo" basado en el Plan Insular de Ordenación que permite un centro administrativo y económico-comercial en este área, según informó el Consistorio en un comunicado.
El convenio que hoy ha aprobado la junta de gobierno para su firma compromete al Ayuntamiento a iniciar la revisión del Plan Parcial para incluir 85.000 metros cuadrados de zona comercial a cambio de 8'6 millones de euros para proyectos concretos (cinturón verde, oficinas municipales, gestión ambiental).
"Esta superficie no será intensiva como los centros comerciales cerrados, sino que se contempla de forma extensiva a lo largo de todo el espacio esponjado por zonas verdes y abiertas", señala Hernández, que indica que "en la práctica reduce el volumen edificado y ganamos en espacios libres".
SE PODRÁN CONSTRUIR HASTA 3.000 VIVIENDAS
Tamaraceite Sur (el espacio que va desde Siete Palmas a Tamarceite) tiene una superficie de 545.539 metros cuadrados. En ella se podrán construir entre 2.500 y 3.000 viviendas (190 unidades en régimen de protección), un intercambiador de transporte público, 12.000 metros cuadrados para oficinas administrativas municipales (que den servicio a esta nueva centralidad urbana) y 25.000 metros cuadrados de ajardinamientos.
La edificación de Tamaraceite Sur (recogido en el Plan General de Ordenación de 2000 y detallado en el Plan Parcial que se inició en 2003) permitirá la residencia de unas 8.300 personas, por lo que cobra especial importancia dotar a esta área de infraestructuras suficientes y de calidad para asumir con comodidad a esta nueva población.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha previsto, además, unos beneficios sociales de más de 500 puestos de trabajo durante la urbanización y edificación del Plan Parcial, otros mil puestos de trabajo para su puesta en funcionamiento e incrementar el número de viviendas en régimen de protección previstas en el convenio original.
La solución aprobada hoy por la Junta de Gobierno supone también la creación del cinturón verde de Tamaraceite (que asegurará la calidad de vida y la sostenibilidad en esta zona urbana de nueva edificación) y un parque de 21.000 metros cuadrados destinado a los residentes de La Galera y Tamaraceite.
DE SISTEMA DE EJECUCIÓN PÚBLICA A PRIVADA
Esta medida adoptada hoy por la Junta de Gobierno tiene por objeto superar los procedimientos judiciales y administrativos que arrastra el Plan Parcial Tamaraceite Sur desde el inicio del expediente en 2003 (nace del Plan General de Ordenación de 2000).
Sobre esta iniciativa pesa una sentencia firme que anula el sistema de expropiación (TSJC de 18 de abril de 2006) y cuatro sentencias sobre el mismo particular recurridas en casación (TSJC de 22 de septiembre de 2005; de 26 de septiembre de 2008; de 21 de octubre de 2008; y de 19 de enero de 2009).
También arrastra un informe jurídico (del letrado de Urbanismo) que señala la conveniencia de abandonar el sistema público de expropiación, aunque fuera respaldado por el Tribunal Supremo, debido a los perjuicios económicos que le está ocasionando al Ayuntamiento y le puede ocasionar en el futuro.
Asimismo, tiene un requerimiento de la Cotmac (30 de abril de 2009) para que el Ayuntamiento ejecute la sentencia firme y anule el sistema de ejecución pública mediante expropiación por tasación conjunta.
Todos estos condicionantes tienen, a su vez, su traducción monetaria en forma de costes para las arcas públicas, ya que las acciones judiciales que se podrían emprender por parte de los propietarios del suelo supondrían al menos 50 millones de euros.
