Consejo.- El Gobierno de Canarias aprueba el Decreto que estructurará la nueva Oficina Judicial

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias sigue trabajando con el objetivo de implantar la nueva Oficina Judicial, concretamente hoy el Consejo ha aprobado el proyecto de Decreto por el que se creará la estructura para la citada actuación.

Según el Ejecutivo regional este Decreto "prevé la creación de varias comisiones y grupos de trabajo, con la finalidad de lograr la participación de todos los agentes especializados e implicados en la consecución de este objetivo"

En este sentido, y a propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, el documento incluirá en su primer artículo, "la creación de la Comisión de Participación y Asesoramiento, un órgano de información que tendrá, como principal finalidad, el asesoramiento en el impulso, la programación, la coordinación y el seguimiento de los trabajos técnicos necesarios para el diseño, creación, organización e implantación" de esta nueva Oficina Judicial.

La Comisión de la misma estará formada por un Presidente, el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, o la persona en quien éste delegue, y por varios vocales, que serán el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Secretario de Gobierno del TSJC, los presidentes de las Juntas de Personal al servicio de la Administración de Justicia, el presidente del Consejo Canario de Abogados, el presidente del Consejo Canario de Procuradores, y un representante de los Colegios de Graduados Sociales y Relaciones Laborales designado de entre los decanos de los Colegios.

Asimismo, un funcionario de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, elegido previamente por la presidencia de la Comisión, hará las funciones de secretario, en su defecto el cargo también podría ocuparlo quien este al mando de la Jefatura del Servicio de Justicia y Asuntos Generales de la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia.

Dicha Comisión deberá constituirse formalmente en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto, que se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Además entre sus funciones estará el reunirse al menos una vez al mes e informar de los trabajos, informes y propuestas realizadas por la Comisión Técnica de Coordinación, otro de los órganos de nueva creación previsto, que servirá como coordinación para el diseño, creación, organización e implantación de la nueva Oficina Judicial.

La Comisión Técnica de Coordinación tendrá competencia para elevar propuestas e informes sobre una serie de materias relacionadas, entre otras, con el diseño del modelo organizativo de las oficinas judiciales; la definición de los criterios que determinen los servicios comunes procesales, lo relacionado con el personal y los servicios comunes en el ámbito territorial correspondiente; la definición y descripción de los procedimientos a aplicar en cada jurisdicción; de los procesos de instalación de las distintas aplicaciones informáticas y telemáticas y de las actividades formativas y de desarrollo profesional de esta nueva Oficina Judicial.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003 del Poder Judicial supone, según el Gobierno de Canarias, "un cambio trascendental en el modelo organizativo de la Administración de Justicia".

La nueva Oficina Judicial, será según la define la propia Ley, "una organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales".

Finalmente, el Ejecutivo regional, aclaró que "la nueva estructura básica de la Oficina Judicial nace presidida por la idea de concentración, racionalización de los recursos existentes y proximidad a los ciudadanos, garantizando, no obstante, su flexibilidad organizativa, necesaria para adaptarse a la realidad diversa de la Administración a la que sirve", aunque tendrá, de acuerdo con la Ley, carácter homogéneo en todo el territorio nacional, evitando la diversidad de criterios y métodos.