SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias ha aprobado en su reunión de este miércoles dar instrucciones a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para que estudien la interposición de acciones jurisdiccionales contra la decisión del Gobierno de España de ampliar el campo de tiro de Pájara, en Fuerteventura.
El Ejecutivo autonómico, que ni siquiera ha sido consultado, subraya en un comunicado que es titular de las competencias en materia de ordenación del territorio, y entiende que la decisión del Gobierno del Estado vulnera la autonomía con la que Canarias debería poder ejercer esta competencia.
En concreto, la decisión del Consejo de Gobierno se refiere al Real Decreto 600/2012, de 30 de marzo, por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional el Campo Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara, Fuerteventura, publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado.
El Real Decreto, que ya ha entrado en vigor, afecta a un total de 4.205 hectáreas, dentro de las cuales se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional. Así, desde esta semana habrá que obtener autorización del Ministerio de Defensa para cualquier ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar del campo de tiro.
También habrá que someter a autorización previa del Ministerio la transmisión de la propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.
ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS
A estos condicionantes para el desarrollo de actividades socioeconómicas en el área afectada, se une además la imposición por la que el Estado, a través del departamento de Defensa, debe autorizar con carácter previo cualquier obra de edificación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios, o cinegéticos de los territorios afectados.
Por estas razones y su "imposición", sin abrir al menos un proceso de consultas previas, el Gobierno de Canarias entiende que la decisión estatal puede suponer una "intromisión" en la competencia de decisión sobre su propio territorio, de donde se deriva la decisión del Consejo para que los Servicios Jurídicos estudien qué respuesta legal cabe dar a esta imposición del Gobierno del Estado.
