LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha señalado hoy que la investigación sobre la denominada 'Operación Unión' que se desarrolla en la isla de Lanzarote ha durado un año y que aún no ha decidido su postura con todas las personas que han sido detenidas al respecto durante los nueve días que lleva desarrollándose dicha Operación.
Asimismo, recordó que se trata de un asunto que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del titular del Juzgado nº 5 de Arrecife (Lanzarote), y en coordinación con el delegado de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de esta Fiscalía Provincial de Las Palmas.
Tras el año de investigación la Fiscalía Provincial de Las Palmas, según informó en nota de prensa, ha considerado que "existen indicios racionales de criminalidad contra las personas" arrestadas y por los delitos que se le imputan.
Actualmente, y de forma cautelar, acordada por el Magistrado Instructor, se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, atendiendo a su grado de implicación, gravedad de los delitos y de las penas previstas, y de los indicios suficientes de su participación en los hechos investigados por delito de cohecho el ex presidente del Cabildo de Lanzarote y líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín, así como el concejal del PIL del Ayuntamiento de Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna.
En la misma situación que la citada anteriormente, se encuentran el concejal del PIL de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez; el asesor del PIL del Patronato de Turismo del Cabildo insular Matías Curbelo Luzardo; el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote con el PSOE, Segundo Rodríguez González; el abogado y empresario Luis Fernando Lleó Khünel y el también empresario Fernando Becerra Robayna.
También se acordó la libertad provisional sin fianza, manteniéndose la imputación por los delitos de cohecho, para el presidente de Juventudes del PIL, Dayrán Jesús Muñoz Armas, así como para el empleado del Cabildo insular Alfredo Santiago Rodríguez Pérez; para el empresario Antonio Gómez Ruiz; para el constructor Manuel Gregorio Reina Fabre; el gerente de la empresa de limpieza Clusa, Jorge Alvarez Pérez; la propietaria del grupo mediático Agustín Acosta, María José García Acosta; al empresario Jesús Manuel Martín Brito; el constructor Fermín Curbelo Perdomo; el empresario Eugenio Romero Betancor y al funcionario del Ayuntamiento de Arrecife y militante del PSOE Juan Rafael Arrocha.
Asimismo, la Fiscalía subrayó que en este momento procesal "es prematuro avanzar" cuál será su posición definitiva en relación con las personas mencionadas, u otras que pudieran resultar imputadas a la vista de las investigaciones en curso, lo que se hará, en su caso, en el escrito de acusación correspondiente.
En el comunicado, añade que las actuaciones judiciales continúan bajo secreto de sumario con la finalidad de garantizar su eficacia, y del resultado de las mismas se irá informando a la opinión pública en su debido momento. Finalmente, destacó el trabajo que está llevando a cabo la UCO.
