Gobierno canario representa a comunidades con competencias en justicia en el Observatorio contra la Violencia de Género

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la viceconsejera de Justicia y Seguridad, Carolina Déniz, representará durante el primer semestre del año a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia en el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El citado Observatorio, presidido por la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, abordó, entre otras cuestiones, la idoneidad de organizar el III Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con el fin de perfilar y examinar un borrador de programa, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

Para ello, se ha propuesto la creación de un grupo de trabajo interinstitucional de coordinación y desarrollo sobre las diferentes tareas relativas al llevar a cabo en el Congreso.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se constituyó el 26 de septiembre de 2002 mediante un convenio suscrito entre el CGPJ y los ministerios de las áreas de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, incorporándose posteriormente la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, así como, a partir de febrero de 2007, el Consejo General de la Abogacía Española.

La finalidad de dicha institución está en contribuir a las múltiples iniciativas y actuaciones que desde ámbitos muy distintos se requieren para la erradicación de la violencia doméstica y de género, aunque su ámbito de actuación reside fundamentalmente en el tratamiento de la violencia doméstica en el área de la Administración de Justicia.

De todos modos, su objetivo principal está en hacer un seguimiento y análisis de las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en este ámbito, que le sean remitidas por el Centro de Documentación Judicial para plantear pautas de actuación en el seno del poder judicial y sugerir las modificaciones legislativas que se consideren necesarias para conseguir una mayor eficacia y contundencia en la respuesta judicial.